El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con su homólogo de Barranquilla, Alejandro Char, acudieron a la Fiscalía de la Nación para discutir la problemática de la impunidad por decisiones judiciales, en ambas ciudades capitales.
El alcalde capitalino, desde mediados de febrero de 2026, ha sostenido que existe un desfase entre las capacidades distritales, incluidas las de la Policía Metropolitana de Bogotá, y el sistema judicial, cuyas decisiones posteriores derivan en presuntos delincuentes dejados en libertad. En su momento dijo que las decisiones de los jueces “afectaban” las estrategias de seguridad del distrito.
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De hecho, ante las contundentes posibilidades de reincidencia delictiva, el alcalde Galán ya había anunciado una propuesta para reformar el Código Penal que llevaría ante la rama legislativa.
Sin embargo, información obtenida por La FM. indicó que los dos alcaldes sostuvieron el encuentro prioritario con la fiscal General Luz Adriana Camargo, en el búnker de la Fiscalía, para mejorar judicialmente los procesos de detención y lograr disminuir la alta tasa de impunidad.
Cifras confirmadas por la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales), indican que durante el 2025, el 94% de capturados en la capital colombiana fueron dejados en libertad y en Barranquilla la cifra es del 80%.
Qué fue lo que propuso el alcalde Galán con el Código Penal
En la segunda semana del mes de febrero, el alcalde bogotano propuso endurecer el Código Penal tras las múltiples denuncias sobre la liberación inmediata de delincuentes capturados en flagrancia.
Ya que la seguridad ha sido uno de los frentes más criticados del mandatario distrital, Galán aseguró que uno de los factores tiene que ver con la gestión de la rama judicial.
Según él, tal situación “afecta todo el sistema”, que dijo que la excarcelación tras delitos graves mina la confianza de los ciudadanos en la justicia.
“El Código Penal establece unos elementos que deben ser tenidos en cuenta por el juez, que los llevan a veces a tomar ciertas decisiones que uno, la verdad, no comprende”, declaró el alcalde en entrevista con Semana.
La preocupación central del alcalde Galán se dirige a la “discrecionalidad” que la ley concede a los jueces, que permite que incluso reincidentes sean liberados tras ser capturados cometiendo delitos.
La propuesta que presentará ante el Congreso busca que la captura en flagrancia se convierta en causal suficiente para ordenar la detención preventiva, sin importar si existen antecedentes. Para Galán, se trata de cerrar “la puerta a interpretaciones legales que favorecen la excarcelación de personas peligrosas”.
El mandatario expuso la raíz del problema: “De arranque, el que comete un delito debería tener una sanción efectiva que disuada la comisión de otro delito o, de lo contrario, si no hay sanción ante un delito, pues eventualmente eso genera ese círculo vicioso de que cada vez —el delincuente— pueda cometer uno más grave, porque no pasa nada”.
El alcalde planteó la necesidad de dotar a jueces y fiscales de herramientas más sólidas, de modo que una sola denuncia por violencia —física o reiterada— baste para negar la libertad provisional. “Que se valore que, cuando hay violencia, no debería haber probabilidades de que esa persona que puso en peligro la vida del otro pueda salir libre; tiene que quedar detenido”, explicó Galán.
Para impulsar la reforma, el mandatario anunció la coordinación a través de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) y el trabajo conjunto con legisladores, respaldado por expertos en materia penal.
A lo largo de 2024 y los primeros meses de 2025, la capital ha visto cifras alarmantes: 1.214 homicidios en 2024 y 974 casos reportados solo en los primeros nueve meses del año siguiente, muchos relacionados con disputas entre bandas criminales, según datos de la Personería de Bogotá.
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