Empresarios de Ecuador y Colombia dieron la clave para que Petro y Noboa lleguen a acuerdos y eviten problemas económicos

Ecuador anunció la aplicación de un arancel del 50% a las importaciones provenientes de Colombia, una decisión que generó una inmediata alerta entre gremios empresariales, sectores industriales y órganos de integración andina. La medida, comunicada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa en febrero de 2026, provocó rechazo y advertencias debido a su posible impacto sobre el empleo, las cadenas productivas y la competitividad en ambos países.

El origen de la controversia radica en el reclamo de Ecuador por una presunta falta de cooperación de Colombia en materia de seguridad fronteriza, en específico, en el combate a grupos criminales vinculados al narcotráfico.

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Por supuesto, voces empresariales y del sector productivo advirtieron que la decisión debilita el comercio bilateral y pone en duda compromisos históricos dentro de la Comunidad Andina. Ahora, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) se manifestaron en rechazo a la situación. Ambas organizaciones instaron a priorizar el diálogo institucional para evitar una escalada del conflicto y resguardar la estabilidad económica regional.

De forma simultánea, los órganos del Sistema Andino de Integración emitieron un llamado urgente a los presidentes de Ecuador y Colombia para buscar una solución negociada al conflicto.

Empresarios de Ecuador y Colombia piden diálogo

En un comunicado conjunto divulgado luego de conocerse la medida, el CEE y la Andi expresaron preocupación ante la escalada comercial, instando a evitar una dinámica de confrontación. Resaltaron que, aunque la seguridad en fronteras es prioritaria y demanda cooperación constante, preservar la estabilidad y el bienestar de ambos países requiere diálogo técnico e institucional, así como fortaleza en la integración productiva.

“Este tipo de medidas no ataca el problema de fondo, sino que abre otros problemas con grandes consecuencias”, advirtieron ambos gremios. Llamaron a las autoridades de Ecuador y Colombia a impedir el debilitamiento de un vínculo comercial histórico y mutuamente beneficioso.

Las consecuencias de la medida ecuatoriana ya se reflejan en la ralentización de los flujos comerciales, lo que afecta sectores productivos de alto grado de integración regional. Según los empresarios, nuevos incrementos arancelarios solo profundizarían los impactos. “Advertimos que incrementos arancelarios adicionales podrían intensificar estas afectaciones, con impactos directos sobre el empleo, la producción, el comercio, la inversión y el funcionamiento de las cadenas regionales de valor”, señalaron el comunicado conjunto.

Ambas entidades reiteraron su disposición a aportar soluciones técnicas y productivas, ofreciendo respaldo institucional para encauzar el conflicto mediante mecanismos formales de cooperación binacional.

Ante la escalada de tensiones, las entidades consultadas coincidieron en la prioridad de sujetarse a los procedimientos de la Comunidad Andina para obtener salidas institucionales a las controversias comerciales. El sector empresarial envió un mensaje claro: “Las discrepancias deben resolverse en el ámbito institucional y mediante el diálogo, sin mezclar cuestiones de seguridad con decisiones de política comercial”.

Riesgos sobre la estabilidad regional

Los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración sumaron su preocupación ante las acciones tomadas por Colombia y Ecuador. Destacaron el daño al proceso de integración andina y las repercusiones en la estructura socioeconómica de ambos países, reafirmando el valor de la Comunidad Andina como espacio central para la resolución pacífica de disputas comerciales.

Por medio de un corto mensaje, los órganos remarcaron que “medidas como el arancel extraordinario generan impactos negativos en la vida de los ciudadanos y en el tejido socioeconómico de ambos países”. Además, instaron a los mandatarios de Ecuador y Colombia a comprometerse con soluciones negociadas que respeten los compromisos internacionales ya asumidos.

El comunicado puntualizó la necesidad de preservar la cooperación regional en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. Asimismo, insistieron en que los mecanismos de la Comunidad Andina constituyen el canal idóneo para abordar cualquier controversia en materia comercial.

Consecuencias económicas y laborales para la industria del plástico

Representantes del sector plástico colombiano, por su parte, advirtieron que la medida generará importantes pérdidas, afectando miles de empleos y diversas industrias conectadas. Aunque ambos países mantienen acuerdos comerciales bajo la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el nuevo arancel fue definido por Acoplásticos como una medida arancelaria extraordinaria con repercusiones que exceden el ámbito comercial.

El presidente de Acoplásticos, Daniel Mitchell, señaló que fundamentar decisiones comerciales en asuntos de seguridad constituye una vulneración de los procedimientos y normas andinas. Explicó que los acuerdos de la CAN prevén mecanismos específicos para la revisión y resolución de controversias, los cuales, según su postura, no fueron respetados en este caso. Además, advirtió que imponer un 50% de arancel encarecerá insumos que Ecuador no produce, como polipropileno, PVC, poliestireno y polietileno, lo que repercutirá en un aumento de los costos para bienes esenciales.

Y es que el sector plástico colombiano figura entre los más afectados por el arancel. Según el gremio, las cadenas productivas de plásticos en Colombia generan cerca de 250.000 puestos de trabajo directos y una producción anual estimada en $40 billones. Las exportaciones del sector ascienden a aproximadamente USD2.000 millones.

Mitchell afirmó que “con este aumento al 50%, las perspectivas de llegar a una solución pronto se reducen”. Añadió que “el mensaje de Ecuador es claro y pareciera que, por lo pronto, están cerradas las puertas del diálogo y de la búsqueda de soluciones”.

Según el dirigente, la vía tomada por Ecuador vulnera procedimientos de la Comunidad Andina y deja en entredicho la competitividad regional. “Aumentar aranceles a insumos que Ecuador no fabrica internamente solo encarece el costo de los bienes básicos, perjudicando al consumidor y a toda la cadena productiva”, concluyó.