
Una mujer de 70 años, identificada como Cecilia Quintero, falleció por un paro cardiaco en una sala de espera de la droguería Cafam en Cúcuta mientras exigía la entrega de medicamentos esenciales para su hijo en condición de discapacidad, una escena que evidencia el alcance de la crisis en la atención de salud en Norte de Santander y ha motivado el pedido de una investigación judicial y la revisión de los protocolos administrativos.
Según testigos y sindicatos locales, Quintero sufrió el infarto al reclamar insumos que no recibía desde hacía cuatro meses, tras más de un año de gestiones sin éxito ante la Nueva EPS, la entidad responsable de su cobertura.
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Según datos recogidos por el diario La Opinión, el problema de entrega de medicamentos en la región afecta potencialmente a cerca de 800.000 usuarios sólo en Norte de Santander, con quejas que se remontan a 2023 por retrasos de meses en los despachos.
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La respuesta institucional se centró en anunciar investigaciones internas. Ambas empresas, Nueva EPS y Cafam, lamentaron el hecho y enviaron comunicados declarando la activación de protocolos de verificación y de seguimiento, e informaron sobre la articulación con las autoridades para el esclarecimiento de los hechos.

Nueva EPS solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud y a los entes de control un acompañamiento y “revisión exhaustiva para garantizar transparencia y celeridad en el proceso”, según reveló La FM.
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Así mismo, la Entidad Promotora de Salud añadió: “En este momento, Nueva EPS trabaja de manera articulada con la red prestadora y las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido, actuando con responsabilidad, respeto y total disposición frente al proceso que se adelante”, señaló la entidad.
Del mismo modo, el sindicato de trabajadores Asintraser Salud Norte detalló las condiciones previas al hecho: Quintero acudió el día del incidente a la droguería Cafam del barrio Los Caobos cerca de las 9:45 a. m.
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Tras no obtener una respuesta favorable, relató en voz alta su caso a otros usuarios, uno de los cuales grabó su testimonio. En sus palabras, los insumos para su hijo, específicamente pañales y metadona, no se entregaban desde septiembre del año anterior.
Además, denunció que los pañales correspondientes a diciembre habían sido descartados por considerarse vencidos y que ese mismo día le negaron la solicitud de enero. “¿Por qué no me entregan el pendiente de enero, si ya febrero se está terminando?”, preguntó, según la grabación citada por La Opinión.
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La afectación no era exclusiva de su hijo: Quintero detalló que su esposo tampoco recibía algunos medicamentos críticos —Rivotril, propafenona y rivaroxabán— mientras que ella acumulaba una espera de siete meses por eritropoyetina, formulada para tratar su condición renal. Minutos después de relatar estas denuncias ante decenas de presentes, colapsó. Una usuaria intentó reanimarla, sin éxito.
El presidente de Asintraser Salud Norte, Arístides Hernández, atribuyó el deterioro en la calidad del servicio a factores administrativos graves. Denunció que la rotación constante de interventores —con cambios de funcionario “cada 20 días”— y el incumplimiento de pagos pactados en diciembre de 2023 con IPS han generado desabastecimiento y una atención “deficiente y deshumanizada”.
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Hernández también responsabilizó al Gobierno nacional y a la Superintendencia Nacional de Salud por la inestabilidad y falta de supervisión efectiva, señalando: “A quien le cabe ahora toda la responsabilidad es al Gobierno, porque no se les está cumpliendo a los usuarios con los medicamentos”, dijo a La Opinión.
El caso de Quintero no es aislado. Días antes, Kevin Acosta, paciente de hemofilia en Huila, falleció tras dos meses sin recibir el fármaco que necesitaba, una situación denunciada por sus familiares. Organizaciones sociales y líderes sindicales calificaron el fallecimiento de Quintero como “la punta del iceberg” de una crisis sistémica dentro de la Nueva EPS.
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Usuarios que acompañaban a la víctima lamentaron la falta de garantías para primeros auxilios en el dispensario. Las maniobras para intentar reanimarla provinieron de otras personas presentes, no del personal de la droguería, según el relato de testigos recogido por La Opinión.
Las deficiencias en el flujo de recursos alcanzan también a los operadores farmacéuticos Offimedicas, Disfarma, Insercoop y Cafam. Voceros de estas empresas aseguraron al medio que la escasez de medicamentos en Norte de Santander acumula seis meses debido a la falta de giros de recursos desde el año anterior.
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El llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue y defina responsabilidades en la muerte de Quintero fue reiterado por usuarios y colectivos que exigen no sólo la investigación penal sino la adopción de medidas de fondo contra las trabas administrativas que hoy ponen en riesgo la vida de pacientes en situación de vulnerabilidad.
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