La actualización catastral en Colombia ya se ha aplicado en cientos de municipios y está generando preocupación por posibles aumentos en el impuesto predial. El proceso, liderado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), ha sido uno de los principales detonantes de protestas en distintas regiones, según información obtenida por Revista Semana.
Más de 520 municipios han sido objeto de actualización catastral, con ajustes en los avalúos de los predios que podrían impactar el valor del impuesto. Este procedimiento busca reducir rezagos históricos en la información de los bienes inmuebles, según información obtenida.
Los incrementos en el predial dependen de decisiones locales y de los límites legales establecidos, lo que ha generado dudas entre los ciudadanos. El debate se mantiene activo en medio de manifestaciones y revisiones del proceso.
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Municipios con actualización catastral en Colombia
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi informó que el proceso de actualización catastral se ha realizado en 520 municipios del país, mediante un procedimiento técnico masivo que busca ajustar los valores de los predios a condiciones más cercanas a la realidad.
Entre los departamentos con mayor número de municipios intervenidos se encuentran Boyacá (81), Santander (68) y Nariño, seguidos por Tolima (38), Cauca (31), Bolívar (26) y Huila (26).
También figuran regiones como Caldas (25), Magdalena (25), Norte de Santander (23), Cundinamarca (19), Casanare (16), Meta (13), Valle del Cauca (13), Cesar (12) y Atlántico (11), lo que evidencia una cobertura amplia del proceso en diferentes zonas del país.
Este ajuste responde a la necesidad de corregir rezagos en los avalúos catastrales, ya que en muchos municipios los valores no se actualizaban desde hace varios años, lo que generaba distorsiones en el sistema tributario.
Sin embargo, el avance del proceso ha sido más lento de lo esperado, pues inicialmente se proyectaba alcanzar cerca del 60 % de los municipios actualizados, meta que aún no se cumple.
Cómo impacta la actualización en el impuesto predial
Uno de los principales efectos de la actualización catastral es el incremento en el avalúo de los predios, lo que puede traducirse en un aumento del impuesto predial.
No obstante, este incremento no es automático ni uniforme, ya que depende de varios factores, incluyendo las tarifas definidas por los concejos municipales, el estatuto tributario de cada localidad y los límites establecidos por la ley.
El proceso se rige por normas como la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019, que fijan condiciones para evitar aumentos desproporcionados en la carga tributaria de los ciudadanos.
Además, el IGAC estableció algunos casos especiales. Por ejemplo, para viviendas de estratos 1 y 2 con avalúos hasta 135 salarios mínimos, el incremento puede estar limitado al índice de inflación, bajo ciertas condiciones.
En contraste, para predios rurales de gran extensión, especialmente aquellos iguales o superiores a 100 hectáreas, el aumento del impuesto podría llegar hasta el doble del valor pagado el año anterior, conforme a la normativa vigente.
Protestas y revisión del proceso
El impacto de estas actualizaciones ha generado protestas y bloqueos en varias regiones del país, donde ciudadanos han expresado su preocupación por el incremento en el impuesto predial.
En departamentos como Santander, las manifestaciones llevaron a la apertura de espacios de diálogo entre autoridades y comunidades, con el objetivo de revisar los avalúos y ajustar posibles inconsistencias.
Estos acuerdos incluyen la participación de entes territoriales en la evaluación de los incrementos y la revisión de los procesos técnicos aplicados durante la actualización catastral.
El Gobierno y las autoridades locales han insistido en que el catastro multipropósito es una herramienta clave para mejorar la equidad tributaria, aunque reconocen que su implementación ha generado tensiones en distintos sectores.
En medio de este escenario, el debate continúa sobre el equilibrio entre la actualización de la información catastral y la capacidad de pago de los ciudadanos, en un contexto donde el impuesto predial se ha convertido en uno de los temas más sensibles de la agenda pública nacional.
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