Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia, cuestionó los avances que ha tenido la reincorporación de 16 exjefes paramilitares como gestores de paz en Colombia.
En una rueda de prensa, el titular de la cartera reconoció que la designación de esta medida a los exmiembros de los extintos grupos al margen de la ley, contemplada en la política de ‘Paz Total’, impulsada por el presidente Gustavo Petro, no ha obtenido los resultados esperados por el Ejecutivo.
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“¿Ustedes me quieren decir que no hemos tenido un éxito? No hemos tenido un éxito en cuanto a eso”, manifestó el funcionario a los medios de comunicación.
Incluso, Benedetti recalcó que, a mediados de febrero, hubo encuentros para hacer seguimiento al respecto. “La semana pasada (del 16 al 22 de febrero) tuvimos reuniones con el delegado del Comisionado de Paz, con la Secretaría General de la Presidencia de la República y con el Ministerio del Interior, para volver otra vez a domar la dinamidad de lo que había sido ese proceso (...) Pero no nos ha ido bien con eso”, afirmó.

Igualmente, el ministro enfatizó cuáles eran los objetivos planteados desde el Ejecutivo para otorgar dicho carácter a los exjefes paramilitares.
“Ese impulso que le dimos como gestor de paz, entre otras cosas, era para no que solamente dijeran la verdad judicial, sino que paralelamente se pudiera reconstruir otra vez el tejido social que ellos habían dañado, con base en contar las historias de la verdad de lo que sucedió, tanto en financiación política como la ayuda militar a esos grupos enemigos, era lo que se pretendía", puntualizó.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro había formalizado la designación de estos ex comandantes a través de la Resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, en una medida de carácter temporal y excepcional que limita su vigencia y excluye la concesión de nuevos beneficios judiciales o de libertad.

Entre esos exlideres de los grupos ilegales que fueron nombrados bajo esta figura se encuentran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, conocido como alias Jorge 40, y Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.
Los otros líderes alos que el Gobierno Petro los designó como gestores de paz fueron:
- Héctor José Buitrago Rodríguez (El Patrón o El Viejo)
- Ramiro Vanoy Murillo, (Cuco Vanoy)
- Hernán Giraldo Serna, (El Patrón, El Señor de la Sierra o Taladro)
- Luis Eduardo Cifuentes Galindo, (El Águila)
- Manuel de Jesús Pirabán, (Pirata)
- Juan Francisco Prada Márquez, (Juancho Prada)
- José Baldomero Linares Moreno (Guillermo Torres)
- Carlos Mario Jiménez Naranjo, (Macaco)
- Rodrigo Pérez Alzate (Julián Bolívar)
- Fredy Rendón Herrera, (El Alemán)
- Edward Cobos Téllez (Diego Vecino)
- Arnubio Triana Mahecha (Botalón)
- Héctor Germán Buitrago Parada (Martín Llanos)
Qué decía la resolución
Según lo estipulado en el documento oficial, la designación de estos gestores forma parte de una estrategia estatal orientada a consolidar un balance integral de la aplicación de la Ley 975 de 2005.
Dicha legislación, conocida como Ley de Justicia y Paz, fue creada para regular la reincorporación de miembros de grupos armados ilegales y garantizar los derechos de las víctimas. Muchos de los exjefes seleccionados habían sido previamente condenados bajo este marco legal, accediendo a penas reducidas y obligaciones de reparación y confesión.

Además de reactivar a estos 16 ex jefes paramilitares, la medida incluye la creación de un Comité Técnico para el Cierre de la Mesa Técnica de Diálogo Social con exintegrantes de las AUC, con el objetivo de poner fin al proceso de desmovilización iniciado hace más de veinte años.
El Gobierno aseguró en la resolución que su participación busca que “contribuyan con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, estructuración de procesos de paz y estrategias de acercamientos con actores armados ilegales”.
El plazo de la medida está fijado hasta el 6 de agosto de 2026. Durante ese tiempo, las actividades de los exparamilitares estarán sujetas a control, con condiciones temporales y territoriales establecidas en los respectivos acuerdos.
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