El INPEC aseguró que el sistema de brazaletes electrónicos no presenta fallas estructurales, pese a recientes capturas de delincuentes con detención domiciliaria en Bogotá. El pronunciamiento surge tras varios casos que han generado preocupación sobre la efectividad del control, según información obtenida por Revista Semana.
Las autoridades distritales cuestionaron la capacidad de seguimiento a personas con casa por cárcel, luego de evidenciar reincidencia delictiva. El caso más reciente involucró a un individuo que portaba el dispositivo mientras intentaba cometer un hurto, según información obtenida.
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El debate se centra en la articulación entre entidades y la respuesta judicial frente a incumplimientos de las medidas. La discusión ha puesto en duda la eficacia del sistema en la práctica.
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Casos recientes y cuestionamientos al sistema
La polémica se intensificó luego de que la Policía frustrara un intento de hurto en Bogotá, en el que uno de los implicados portaba un brazalete de monitoreo de detención domiciliaria.
Según el alcalde Carlos Fernando Galán, el dispositivo habría sido cubierto con papel aluminio, aparentemente para bloquear su señal y evadir el control.
“Llegó el momento de que el Ministerio de Justicia nos diga su capacidad para poder controlar a las personas que están detenidas en sus casas…”, afirmó el mandatario, citado por Revista Semana.
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El alcalde advirtió que este tipo de situaciones afecta los esfuerzos por reducir la criminalidad, al permitir que personas bajo medidas judiciales reincidan en delitos.
Estos hechos han reavivado el debate sobre la eficacia del sistema de monitoreo y la capacidad de reacción de las autoridades.
Respuesta del INPEC y funcionamiento del sistema
Frente a las críticas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) aseguró que el sistema de control electrónico funciona correctamente.
“El sistema de brazaletes electrónicos para control domiciliario no presenta fallas sistémicas ni estructurales”, indicó la entidad, citado por Revista Semana.
El instituto explicó que la tecnología incluye monitoreo permanente, georreferenciación y alertas en tiempo real ante cualquier irregularidad.
Además, detalló que el seguimiento se realiza a través del Centro Penitenciario Virtual (CERVI), encargado de detectar alarmas como salidas de zona, desconexiones o manipulaciones del dispositivo.
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Según la entidad, cualquier incumplimiento es reportado a los jueces de ejecución de penas, quienes son los únicos autorizados para tomar decisiones como la revocatoria de la medida.
Debate sobre eficacia y respuesta institucional
A pesar de la defensa del sistema, los recientes casos han puesto en evidencia posibles fallas en la articulación institucional y en la respuesta judicial.
El INPEC reveló que en un caso reciente una persona bajo detención domiciliaria acumuló 34 transgresiones, incluyendo varias violaciones a la zona permitida, lo que fue reportado en múltiples ocasiones a la autoridad judicial.
Sin embargo, la falta de decisiones oportunas ha generado cuestionamientos sobre la eficacia del modelo de control.
Actualmente, el sistema cuenta con más de 5.140 dispositivos activos y ha registrado más de 13.500 activaciones, además de un despliegue operativo que incluye decenas de equipos de verificación y visitas periódicas.
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La entidad insiste en que continuará fortaleciendo sus capacidades, mientras crece la presión para revisar los protocolos y garantizar que las medidas de detención domiciliaria se cumplan de manera efectiva.
El debate sigue abierto sobre si el problema radica en la tecnología o en la coordinación entre las instituciones encargadas de aplicar y supervisar estas medidas, en un contexto donde la seguridad ciudadana se mantiene como una de las principales preocupaciones en la capital.
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