Por qué el aumento del salario mínimo redujo las mesadas de los afiliados a los fondos privados: esto explicó el presidente de Colfondos

El fuerte incremento del salario mínimo no solo impactó a empresas y trabajadores activos. También terminó golpeando a una parte de los jubilados afiliados a los fondos privados, cuyos pagos mensuales fueron ajustados este año tras una recomposición matemática derivada del nuevo escenario económico.

Así lo explicó Ricardo Guerra, presidente de Colfondos, al detallar que el aumento del 23% —el más alto en décadas— coincidió con modificaciones normativas que alteraron de manera profunda las variables con las que se calculan las pensiones en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais). El resultado: decenas de miles de personas vieron cambios en sus mesadas y otras quedaron, por ahora, sin posibilidad de acceder a una renta vitalicia.

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De acuerdo con el directivo, cerca de 72.600 pensionados bajo la modalidad de retiro programado tuvieron que someterse al recálculo anual que exige el modelo. En algunos casos puntuales, el ajuste implicó reducciones significativas en el valor recibido cada mes.

“Es un tema absolutamente aritmético”, sostuvo Guerra al explicar que el sistema no opera bajo criterios políticos o discrecionales, sino con base en fórmulas actuariales que proyectan la duración del ahorro acumulado frente a la expectativa de vida del afiliado y su núcleo familiar.

En entrevista publicada por El Tiempo, el presidente de Colfondos señaló que la combinación entre el aumento del salario mínimo y la modificación del decreto de deslizamiento produjo efectos “sistémicos y estructurales” que alteraron el equilibrio financiero del esquema.

El punto central radica en que, dentro del régimen privado, cada año se recalcula el monto de la mesada para asegurar que el capital ahorrado alcance durante todo el tiempo estimado de vida. Cuando variables como el salario mínimo suben de forma abrupta, y al mismo tiempo se registran movimientos en los mercados —como la desvalorización de bonos—, el capital proyectado cambia.

“Si el capital debe durar más años bajo nuevas condiciones, el valor mensual se ajusta”, explicó. Ese ajuste, precisó, impactó a 72.600 pensionados en toda la industria.

Uno de los efectos más visibles fue el encarecimiento de las rentas vitalicias. Según detalló, el capital necesario para adquirir una pasó de alrededor de 350 millones de pesos a cerca de 550 millones. “Estamos hablando de un aumento cercano al 57 por ciento producto de ambas medidas”, afirmó. Y agregó: “Eso cambia completamente las ecuaciones, porque bajo el contexto actual una persona necesita hoy 200 millones de pesos más para garantizar una renta vitalicia que le cubra hasta su fallecimiento, ahora requiere 550 millones. Es un salto gigante de un día para otro”.

El impacto no fue homogéneo. Aunque se mencionaron reducciones de hasta 30%, el directivo aclaró que no se trató de una regla general. “Fueron casos puntuales, por ejemplo cuando hay cambios en el grupo familiar o situaciones específicas que obligan a recalcular. Pero sí hubo reducciones producto de esta coyuntura, pero cada caso es particular”, puntualizó.

Más allá de quienes ya estaban pensionados, el remezón alcanzó a afiliados próximos al retiro. Cerca de 6.000 personas que estaban listas para pensionarse dejaron de cumplir el capital exigido y deberán aplazar su decisión. Otras 32.000 pasaron a depender del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, cuyos recursos, según advirtió, no son ilimitados.

También se registró un aumento en el costo del seguro previsional, que pasó de 2,4% a 2,63%, acercándose al tope legal de 3%. Para Guerra, esta tendencia podría tensionar la oferta de aseguradoras dispuestas a cubrir el riesgo previsional. Si el mercado se reduce, explicó, el sistema podría encarecerse aún más.

Frente a la posibilidad de que se modifiquen nuevamente las reglas, el presidente de Colfondos fue enfático: “Nosotros aplicamos lo que esté vigente. Si cambia, informaremos oportunamente y recalcularemos las mesadas según la norma. Nuestro deber es actuar con rigurosidad a la ley y proteger a los pensionados dentro del marco legal”.

El episodio deja sobre la mesa una discusión más amplia sobre cómo decisiones salariales y regulatorias, incluso cuando buscan proteger ingresos, pueden tener consecuencias inesperadas en un sistema que depende estrictamente de cálculos financieros de largo plazo.