Una serie de enfrentamientos armados entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), también llamados Pachencas, y el Clan del Golfo desencadenó una crisis humanitaria en la zona rural de la vereda La Fuente, corregimiento Cerro Azul, municipio de Aracataca, Magdalena, según alertó la Defensoría del Pueblo. La entidad solicitó la intervención inmediata de las autoridades nacionales y territoriales para proteger a la población civil y garantizar la atención de las familias desplazadas.
De acuerdo con información compartida por la Defensoría del Pueblo a través de una publicación en la red social X, los recientes combates forzaron el desplazamiento de al menos 46 familias, equivalentes a 172 personas, entre las que se encuentran 63 niños, niñas y adolescentes.
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El organismo señaló que el censo de afectados permanece abierto y que varias familias han buscado refugio en el casco urbano de Aracataca o en municipios vecinos. El temor a la presencia de artefactos explosivos y la permanencia de actores armados mantiene a la población en situación de riesgo y limita su movilidad.
Restricciones y riesgos para la población civil
La situación en la vereda La Fuente se agravó cuando los grupos armados ilegales impusieron restricciones a la movilidad, incluyendo la retención de teléfonos celulares, mercados y medios de transporte como motocicletas. Según la Defensoría, estas prácticas constituyen infracciones al Derecho Internacional Humanitario e incrementaron la vulnerabilidad de las familias campesinas.
Hasta el momento, no se han reportado víctimas civiles, pero la zozobra y el temor persisten entre quienes permanecen en la zona rural. Las autoridades locales informaron que algunas personas desplazadas aún no han recibido la atención humanitaria inmediata a la que tienen derecho.
Advertencias previas y urgencia institucional
La Defensoría del Pueblo recordó que los hechos recientes confirman el riesgo advertido en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, la cual identificó un alto nivel de amenaza para la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia.
El documento señalaba la posibilidad de una escalada de violencia por la disputa territorial entre los Conquistadoras de la Sierra y el Clan del Golfo, dinámica que se traduce en graves afectaciones para la población civil.
En su comunicado oficial, la entidad exigió la implementación inmediata, integral y efectiva de las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana. Además, solicitó mantener un monitoreo constante de la situación, ante el riesgo de confinamiento prolongado y un posible agravamiento de la crisis humanitaria.
Llamado a las autoridades y la fuerza pública
El organismo defensor pidió a la administración municipal activar de inmediato el Plan de Contingencia para garantizar la atención de emergencia a las personas desplazadas. También instó a la Gobernación y a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a asumir su corresponsabilidad en la respuesta humanitaria.
La Defensoría solicitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) fortalecer la atención integral a la niñez y adolescencia afectada por los desplazamientos. De igual modo, exhortó a la fuerza pública a tomar medidas estrictas para proteger a la población civil, prevenir nuevas afectaciones y evitar la intensificación de la crisis en la región, siempre en respeto del Derecho Internacional Humanitario.
El comunicado agrega que las autoridades de seguridad y justicia deben coordinar acciones para el tratamiento digno de los cuerpos de personas presuntamente combatientes reportados en vías del territorio, así como adelantar procesos de descontaminación de restos de munición y otros artefactos explosivos en las zonas de tránsito y permanencia civil.
Reiteración sobre compromisos y monitoreo permanente
La Defensoría del Pueblo instó a los grupos armados a respetar los compromisos asumidos con el Gobierno nacional en los acuerdos y espacios de diálogo sociojurídicos, orientados a la reducción de la violencia.
El organismo insistió en que estos compromisos deben traducirse en conductas verificables en el territorio y en la observancia irrestricta del Derecho Internacional Humanitario, en especial el principio de distinción y la protección de bienes y personas.
Finalmente, la Defensoría reafirmó su compromiso de acompañar, monitorear y dar seguimiento permanente a la situación, con el objetivo de proteger los derechos de la población civil afectada por el conflicto armado en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta.
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