Un episodio inusual rompió la rutina de la carrera 30 con calle 12 sur en Bogotá cuando, en un control de tránsito, un motociclista sancionado respondió con una acción extrema: arrojó su moto a un caño y la incendió, generando alarma entre los presentes y obligando la intervención inmediata del Cuerpo Oficial de Bomberos.
La operación, liderada por la Secretaría de Movilidad, tenía como objetivo frenar la circulación de motocicletas en andenes, una infracción que se ha vuelto recurrente en la ciudad y que pone en riesgo a los peatones.
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Los agentes de tránsito detectaron al infractor cuando circulaba indebidamente por la acera. Al ser requerido, comprobaron que, además de transitar por el espacio peatonal, el conductor no portaba licencia de conducción. Por ello, le fueron impuestos tres comparendos: invasión del andén, conducción sin licencia y desacato a la autoridad. Tras incendiar el automotor, el hombre lo arrojó al caño.
Durante la jornada, se impusieron 25 comparendos y se inmovilizaron 14 motocicletas, reflejo del endurecimiento de los controles frente a estas conductas. La Secretaría de Movilidad precisó que en 2025 se programaron 1.409 operativos enfocados en el control de motos en zonas peatonales, resultando en 17.650 comparendos.
En lo que va de 2026, con corte al 19 de febrero, ya se han realizado 389 operativos y se han sancionado 3.306 infracciones por invasión del espacio público, lo que representa un incremento del 84% respecto al mismo periodo del año anterior. Los operativos se concentran en andenes, ciclorrutas y zonas verdes, con la intención de proteger la movilidad y seguridad de los peatones en Bogotá.
En redes sociale varios usuarios expresaron su molestia por la conducta reiterada de algunos conductores de motocicleta: “Toda esta horda de malandros, que no respetan andenes, puentes peatonales, esa zona la cogieron de pasadero en las madrugadas y en las tardes para evitar los semáforos”, escribió un internauta, reflejando la percepción de impunidad y desorden en ciertas zonas urbanas.
Otros comentarios pusieron el foco en la autocrítica y la responsabilidad de quienes infringen la ley. Un usuario reconoció: “Excelente autocrítica la del motociclista. Ojalá más motociclistas infractores actúen así”.
Sin embargo, la sospecha sobre el origen del vehículo no tardó en aparecer: “Muy seguramente la moto era robada. Se ganó un par de comparendos pero se libra de una imputación por hurto”, y otro agregó: “Estoy seguro que no era ‘su motocicleta’, las autoridades deberían averiguar a quien se la robó”.
El humor y la ironía tampoco faltaron entre los comentarios: “Tan mk en todo caso tiene que pagar los comparendos kajajaja”, escribió un usuario, mientras que otro especuló sobre la vida personal del infractor: “Probablemente también tenga dos demandas por alimentos, sea un vecino problemático, haya golpeado a unos cuantos señores de la tercería edad por andar por los andenes”.
Algunos aprovecharon el espacio para reclamar un mayor rigor en la aplicación de la ley: “Pues, lo siento por él, pero ya es hora que a los motociclistas se les exija cumplir con las mínimas normas de tránsito y convivencia”. Otros aprovecharon para señalar faltas adicionales: “Y multa por tirar basura al caño!”. Incluso hubo quienes cuestionaron la salud mental del protagonista: “No está bien de la cabeza”.
Frente a las dudas sobre el destino de las multas, la ley en Colombia es clara. La destrucción o desintegración de un vehículo no elimina automáticamente las obligaciones pendientes ante el Simit.
Las deudas por infracciones siguen vinculadas a la cédula del propietario o infractor, independientemente de lo que ocurra con el vehículo.
El proceso para cancelar la matrícula por destrucción total exige certificaciones de la Dijín y la empresa desintegradora, pero esto no borra el historial financiero del conductor ni sus multas. Las sanciones permanecen hasta que sean saldadas, lo que refuerza la responsabilidad individual más allá del destino del vehículo.
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