La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, alertó sobre la situación en torno a las próximas elecciones en varias zonas del país.
De acuerdo con la funcionaria, la mayor inquietud de la entidad no se centra en la fecha de los comicios, sino en la libertad real con la que se desarrollarán las votaciones en ciertas regiones.
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Durante su intervención, Marín enfatizó que “nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones”.
Según la titular de la Defensoría del Pueblo, existe el riesgo de que se consolide una “democracia meramente formal” en áreas donde el control de la vida pública está en manos de grupos armados.
La funcionaria advirtió que, en esos territorios, la participación ciudadana se ve limitada debido al “silencio obligado de las comunidades”, que enfrentan restricciones impuestas por actores ilegales.
La Defensoría subrayó que el verdadero desafío es garantizar condiciones que permitan a los habitantes ejercer sus derechos políticos sin presiones.
“El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones”, remarcó Marín.
La institución enfatizó la importancia de que las autoridades nacionales adopten medidas efectivas para proteger a quienes residen en zonas afectadas por la presencia de grupos armados.
El pronunciamiento incluyó un llamado a los organismos estatales responsables de la seguridad y la vigilancia electoral. La defensora insistió en que la prioridad debe ser “la libertad con la que habrá y se desarrollarán esas elecciones en ciertas regiones. Este riesgo puede ser marginal en términos de la mayoría del país”.
Según la entidad, atender estos riesgos resulta fundamental para evitar que la democracia quede reducida a un procedimiento formal, sin representación genuina de las comunidades.
La Defensoría del Pueblo reiteró que su observación apunta a la necesidad de fortalecer la protección de derechos en las áreas más expuestas. El objetivo, según la institución, es asegurar un proceso electoral transparente y libre para todos los ciudadanos, sin distinciones geográficas.
Iris Marín denunció presiones de grupos armados para imponer candidatos en comunidades vulnerables
En ese orden de ideas, la Defensoría del Pueblo también advirtió sobre el riesgo de intervención armada en las próximas elecciones tras recibir reportes de intentos de injerencia violenta por parte de grupos armados.
Según la defensora del pueblo, Iris Marín, estos actores buscan imponer “directrices” a las comunidades y forzar la aceptación de candidaturas alineadas con sus intereses económicos.
Durante un pronunciamiento público, Marín reveló que la información recibida evidencia la existencia de presiones para que las comunidades respalden aspirantes ajenos a su entorno social.
“Nos alertaron sobre el interés de actores armados en imponer candidatos externos, funcionales a sus objetivos”, sostuvo la funcionaria. Este fenómeno, explicó, podría modificar la autonomía política de los territorios afectados, debilitando las organizaciones comunitarias.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la situación adquiere mayor gravedad ante la falta de canales oficiales y procedimientos definidos para reportar estos hechos.
Marín expresó inquietud ante la ausencia de respuestas institucionales claras por parte del Ministerio del Interior, subrayando que “no hay un reporte oficial ni vías de información establecidas para estos casos”.
Según la defensora, la carencia de medidas concretas deja a las comunidades negras en una situación de vulnerabilidad frente a posibles despojos organizativos y políticos.
La funcionaria insistió en la urgencia de establecer mecanismos efectivos que permitan a las comunidades denunciar este tipo de presiones sin temor a represalias. “El silencio oficial expone a los territorios a graves riesgos. Hay zonas, como por ejemplo en el Catatumbo, donde el camino hacia los puestos de votación es caminado, y están minado, la gente no va a poder moverse”, advirtió.
En ese contexto, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado a las autoridades nacionales para garantizar procesos electorales transparentes y libres de coacciones externas, enfatizando la necesidad de proteger los derechos de las poblaciones históricamente marginadas.
Por último, la defensora del pueblo advirtió preocupación por la falta de claridad del Gobierno sobre la comunicación de procesos electorales, señalando que esa ausencia de información podría exponer a comunidades a despojos organizativos y políticos.
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