La obligación de decir quién manda en una empresa no es un simple trámite. Es una pieza clave para la transparencia del mercado. Bajo esa premisa, la Superintendencia de Sociedades impuso una multa de $40 millones al ciudadano francés Joseph Marie Oughourlian por no revelar de manera oportuna su condición de controlante de Azul & Blanco Millonarios FC S.A., la sociedad que administra a Millonarios Fútbol Club.
La sanción se produjo tras una verificación de la entidad, que concluyó que el reporte de la situación de control no fue inscrito a tiempo ante la Cámara de Comercio de Bogotá, como lo exige el artículo 30 de la Ley 222 de 1995. Esa norma establece que cuando una persona o compañía ejerce control sobre otra sociedad, debe informarlo formalmente para que quede registrado.
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En este caso, Oughourlian solicitó el registro de su condición de controlante a través de la sociedad Blas de Lezo Inversiones SL. Aunque reconoció la existencia del control sobre Azul & Blanco Millonarios FC S.A., la Superintendencia determinó que la comunicación debió hacerse antes. El incumplimiento en los plazos fue el fundamento de la multa.
La decisión no implica la negación del control, sino el reproche por la tardanza en hacerlo visible ante las autoridades y el público. Frente a la sanción, el empresario cuenta con la posibilidad de interponer los recursos legales correspondientes, de acuerdo con el procedimiento administrativo.
Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades, se refirió al alcance de este tipo de medidas y subrayó la importancia de que las estructuras societarias no oculten quién toma realmente las decisiones. Según explicó, el régimen de matrices y subordinadas busca hacer explícito quién ejerce el poder de dirección y control, más allá de la forma jurídica adoptada.
La revelación del control no es un formalismo menor, especialmente cuando se trata de compañías que administran clubes de fútbol profesional. Estos equipos no solo tienen impacto deportivo; manejan recursos significativos, cuentan con inversionistas y generan expectativas entre hinchas y acreedores. Saber quién está detrás de las decisiones estratégicas aporta claridad en un entorno donde confluyen intereses económicos y emocionales.
Desde la Superintendencia se insistió en que la transparencia sobre la estructura de control fortalece la confianza del mercado. La información oportuna permite que inversionistas, acreedores y otros grupos de interés evalúen riesgos con mayor precisión y establezcan relaciones comerciales con seguridad jurídica.
En términos prácticos, el registro de la situación de control facilita entender cómo se organizan las compañías y quién tiene la capacidad de influir de manera determinante en su administración. Esto es relevante en eventuales procesos de financiación, en negociaciones contractuales o ante situaciones de crisis empresarial.
El caso de Azul & Blanco Millonarios FC S.A. vuelve a poner en el centro del debate la importancia del cumplimiento formal en materia societaria, un aspecto que a menudo pasa desapercibido frente a decisiones más visibles como fichajes, resultados deportivos o movimientos financieros.
Sin embargo, detrás de cada sociedad existe una estructura de control que debe ser clara, verificable y oportuna. Aunque para algunos pueda parecer un asunto meramente técnico o administrativo, el régimen de información sobre control cumple una función esencial: evitar zonas grises en la propiedad y dirección de las compañías, prevenir posibles conflictos de interés y garantizar que el mercado opere bajo reglas transparentes.
La revelación oportuna de quién ejerce el control real de una empresa no es un capricho normativo. Permite que inversionistas, acreedores, autoridades y demás grupos de interés sepan con quién están tratando y quién tiene la capacidad efectiva de tomar decisiones estratégicas. En sectores sensibles como el del fútbol profesional, que combina recursos privados, impacto social y alto escrutinio público, esa claridad adquiere todavía mayor relevancia. La transparencia en la estructura societaria fortalece la confianza y reduce el riesgo de incertidumbre jurídica.
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