El caso Papá Pitufo sería el detonante de una crisis entre el Gobierno Petro y la Policía Nacional: sería la razón de la salida del general Urrego

El expediente judicial contra Diego Marín, conocido como “Papá Pitufo”, expuso una red de contrabando en Colombia y generó profundos conflictos dentro del Gobierno y la Policía Nacional.

A partir de 2022, la investigación contra este supuesto contrabandista desencadenó destituciones, pugnas internas y una crisis institucional sin precedentes, según información conocida por la revista Cambio.

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La historia comenzó en septiembre de 2022, cuando el presidente Gustavo Petro ordenó a su entonces ministro de Defensa Iván Velásquez dar prioridad a la captura de Marín.

Según información revelada por el medio nacional, en ese momento un periodista, del que no se tiene mayor conocimiento de su identidad, habría puesto en contacto al intendente Álvaro Galvis con Velásquez y lo presentó como poseedor de información clave sobre el contrabando.

Gracias a esa intermediación, Galvis fue citado por el exministro y llegó acompañado a la reunión por Camilo Gómez, un político con presuntos vínculos con Marín, aunque se conoció que el hombre, hoy candidato al Congreso, no ingresó al encuentro.

Velásquez canalizó la información hacia la general Sandra Hernández de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que a su vez conectó a Galvis con la contrainteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol). Desde ese momento, Galvis colaboró con el fiscal Andrés Marín, que lideraba desde 2017 la investigación judicial contra “Papá Pitufo”.

Más tarde, Marín transformó a Galvis en agente encubierto, con la misión de infiltrarse en la estructura criminal. En marzo de 2023, un juez legalizó esa operación.

Dos meses después, en mayo, la coronel Julie Ruiz asumió como jefa de contrainteligencia y enfocó su labor en la corrupción detectada en la Polfa de Cartagena. Por instrucciones de Velásquez y del entonces director de la Policía William Salamanca, Ruiz comenzó a cooperar con el fiscal Marín.

Mientras tanto, el misterioso periodista que había presentado a Galvis habría reaparecido, esta vez, para presuntamente promover ante Salamanca las capacidades del mayor César Ortiz para la investigación criminal. Ortiz fue incorporado a la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y posteriormente se reunió con Ruiz para compartir información que, tras una prueba de polígrafo, confesó provenía de documentos presuntamente robados de la Dipol en 2019, suministrados por el mismo periodista.

Ortiz perdió la confianza de Ruiz y Salamanca, pero terminó respaldando al coronel Mario Durán de Interpol y, junto al fiscal Marín, continuó la investigación. Más adelante, Ortiz fue visto como pieza fundamental, por lo cual no fue removido de Interpol pese a las intenciones de Salamanca.

En agosto de 2023, Marín y Ruiz se reunieron para tratar el caso. Marín mencionó nombres de oficiales presuntamente involucrados con la estructura de “Papá Pitufo”, y confirmó el supuesto nexo de Galvis con Marín a través de Camilo Gómez. Con el tiempo, las indagaciones revelaron que Galvis actuaba como agente encubierto, pero también era sospechoso de filtrar información operativa a la organización criminal.

La desconfianza se agravó cuando la Dipol ejecutó en septiembre de 2023 una intervención en la Polfa de Cartagena. Varios testimonios señalaron a Galvis de supuestamente alertar al grupo de Marín sobre los operativos. Cuando Ruiz informó a Marín de los señalamientos hacia su agente, la relación entre la Fiscalía y contrainteligencia se fracturó por completo. A partir de entonces, ambos equipos siguieron caminos independientes: la contrainteligencia trabajó de forma autónoma, mientras Marín se apoyó en Interpol y Ortiz.

A comienzos de octubre de 2023, una reunión de alto nivel reunió al ministro Velásquez, la coronel Ruiz, Marín y otros fiscales. El tema central fue la ubicación de “Papá Pitufo”: Marín aseguró, mostrando un video, que el contrabandista seguía en Colombia, pero los registros migratorios lo desmentían.

Posteriormente, la información tratada ese día fue filtrada y llegó a conocimiento de Marín, que dejó el país rumbo a Madrid semanas después. Allí, fue capturado gracias a la ayuda de las autoridades españolas, aunque la demora en la emisión de la circular roja de Interpol retrasó el proceso, según información conocida por Cambio.

A finales de 2023 y durante los meses siguientes, los equipos de investigación se desacreditaron mutuamente, mientras se aceleraban los procesos judiciales. La contrainteligencia logró órdenes de captura primero; el fiscal Marín intentó hacer lo propio, pero se le ordenó transferir el proceso a la fiscal Paola Londoño. Más adelante, Marín expuso avances de su expediente Diego Marín ante el presidente Petro y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, buscando respaldo institucional.

En febrero de 2025, por directiva presidencial, el general Salamanca fue retirado del cargo de director de la Policía y reemplazado por el general Carlos Fernando Triana, que permaneció apenas ocho meses frente a la institución.

Sin embargo, el punto de quiebre en la Policía Nacional se habría dado con la llegada del general William Rincón, que habría sido el encargado de dar la orden para que Ruiz y otros oficiales de contrainteligencia fueran trasladados a zonas rurales, mientras que el coronel Jorge Mora, pieza relevante en las investigaciones, también finalizó su comisión.

El general Edwin Urrego fue retirado de la institución pese a una carrera sin reproches y tras haber estado al frente de la Dijín en momentos clave. Las razones habrían incluido un conjunto de incidentes, como diferencias sobre esquemas de protección de figuras públicas, entre ellas el candidato Abelardo de la Espriella, y eventos como el allanamiento, liderado por la magistrada Cristina Lombana, a la vivienda del ministro del Interior Armando Benedetti.

Según información conocida por la revista Cambio, parte de los desencuentros de Urrego con Benedetti ocurrieron tras dicho allanamiento y disputas por los esquemas de seguridad destinados a rivales políticos. Todo esto habría contribuido a su salida, junto con el contexto de la purga motivada por la lucha interna de poder y la recomposición de cargos en la Policía y las agencias de inteligencia.

El caso “Papá Pitufo” no solo expuso una red de corrupción y crimen organizado, sino que sirvió de eje para una reorganización de altos cargos, retiros y traslados forzados, con figuras como Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), presuntamente involucrado en las decisiones sobre ascensos y nombramientos.

Al cierre de 2025, la reconfiguración institucional no detuvo el avance de la estructura de contrabando. Según información conocida por la revista Cambio, las pugnas y la fragmentación estatal favorecieron la persistencia y expansión del fenómeno, desplazando la capacidad de control público.