Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Los diálogos entre el Gobierno colombiano y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) dieron un paso fundamental, tras conocerse una documento en la que se suscribieron varios acuerdos para evitar el recrudecimiento de la violencia en la región Caribe.

En el texto, firmado entre las partes el 18 de febrero de 2026, establece una hoja de ruta para garantizar la protección de la infancia, la no interferencia en los comicios de 2026 y la colaboración efectiva con la justicia a cambio de beneficios legales.

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Dentro de los compromisos, las Acsn o también conocidas como Los Pachenca, acordaron la defensa de la vida, cesar homicidios y renunciar a actos crueles contra la población civil, reforzando su promesa de no reclutar niños, niñas ni adolescentes.

Sin embargo, el grupo armado estableció dos puntos claves para que el espacio socio jurídico siga su curso, como la exclusión de toda acción hostil contra la Fuerza Pública y la ausencia de ataques a instalaciones militares o policiales, así como la abstención de obstaculizar proyectos o acciones oficiales.

Mauricio Silva, representante del Gobierno en los diálogos con la organización armada, explicó que el primer punto obedece a los operativos de las Fuerzas Militares en ese territorio, que ha dejado varías víctimas al interior de dicha organización ilegal.

“Ellos dicen: “Somos autodefensas porque no dejamos entrar aquí a ese otro”. y ha habido combates en Aracataca (Magdalena), que alrededor de eso hay dos bases militares. Todas las personas que integran el grupo, la mayoría, tienen arraigo, sus familias son de ahí”, dijo el vocero del Ejecutivo en diálogo con Caracol Radio W.

En cuanto a la segunda petición de las Acsn, Silva aseguró que el grupo solicita el aval del Congreso de la República para penas de privación de libertad entre cinco y ocho años, al considerar que no podrían aceptar lo contemplado por la ley colombiana, que son de 25 años de prisión.

“Unas penas como las planteadas en el proyecto que presentó el Gobierno al Congreso, que son entre cinco y ocho años, les parece correcto. Pero dicen: ‘Pues yo le entrego la gobernanza de cuarenta años, todos los fusiles, nos sometemos a la justicia y a cambio de eso, pues usted no me puede ofrecer 25 años de cárcel’”, manifestó el negociador a la cadena radial.

Otros puntos del acuerdo

Según los documentos divulgados por la Consejería Comisionada de Paz, el sometimiento del grupo a la justicia estará sujeto a parámetros estrictos.

Solo se concederán beneficios legales, tratos favorables o prerrogativas a aquellos que colaboren efectivamente con la administración de justicia y aporten a esclarecer la verdad sobre su accionar. El alcance de esos beneficios dependerá exclusivamente de las autoridades judiciales competentes.

Además, se establece que podrán formarse comisiones y grupos de trabajo con la participación de organismos nacionales y autoridades judiciales para facilitar la implementación de los puntos acordados.

Frente al reclutamiento de niños y niñas, el grupo se comprometió a, en caso de identificar menores en sus filas, propiciar su “desvinculación inmediata y su puesta a disposición de las autoridades civiles competentes para el restablecimiento de sus derechos”, según consta en el acuerdo.

Para Mauricio Silva, este es un proceso que se diferencia de los anteriores de 2006 y 2016, argumentando que no lograron una transformación sostenible del territorio.

Por ello, el vocero del Gobierno Petro resalta que el actual espacio de conversaciones subraya la necesidad de fortalecer la seguridad institucional, abrir investigaciones judiciales y denunciar delitos ante la Fiscalía General y la Policía Nacional.

“Lo que garantiza la paz es la transformación del territorio. Son procesos en el tiempo y no eventos de un día. Lo que nosotros esperamos es que este proceso sea irreversible, que la intervención del Estado en el territorio exista. En este momento el grupo tiene toda la voluntad. Ellos están sentados conversando porque quieren transformar su territorio, no porque estén rendidos”, sostuvo Silva en declaraciones a El Tiempo.

Sin embargo, la situación de las comunidades es especialmente delicada: mientras los turistas suelen estar a salvo de incidentes, los habitantes locales sufren extorsiones recurrentes. Además, existen tensiones ancestrales debido a la ocupación previa a la declaración del parque Tayrona, complicando la gobernanza y debilitando la institucionalidad en la zona.

Ante ello, el jefe negociador del Ejecutivo indicó que, al indagar sobre los hechos de violencia en la región, el grupo niega estar detrás de los acontecimientos, atribuyéndolos a individuos que actúan por cuenta propia.

“Es una tarea de CTI, Policía y Fiscalía, quienes tienen de misionalidad la investigación (...) Hay gente que dice tener respaldo del grupo (Acsn), pero cuando uno habla con ellos dicen que no tienen ni idea. Dicen que no tienen nada que ver”, puntualizó al diario bogotano.

La vigencia de estos acuerdos será puesta a prueba en los próximos meses, en un contexto donde la reversibilidad del proceso sigue siendo uno de los desafíos estructurales del orden público en la región.