Así funcionaría la red de reclutamiento de exmilitares colombianos para combatir en Rusia: dos coroneles serían los dueños del ‘negocio’

Todo parece indicar que en Colombia se sigue fortaleciendo el negocio del reclutamiento de exmilitares para enviarlos a Rusia con el propósito de fortalecer las filas armadas del Kremlin que mantiene disputas con Ucrania.

De hecho, en la mañana del domingo 22 de febrero se conoció que en la capital del país existiría una empresa legalmente constituida que se encargaría de ‘facilitarle’ el trabajo a los rusos para conseguir personal entrenado en armas.

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Según documentos, testimonios y contratos recabados por El Espectador, se trataría de la Global Qowa Al Basheria SAS, una empresa que estaría encabezada por dos coroneles retirados, que ha hecho del envío de personal militar colombiano a zonas de conflicto un negocio lucrativo.

Las consecuencias ya serían evidentes: decenas de familias denuncian engaños, desapariciones y muertes, mientras el Estado colombiano encara el fenómeno con respuestas consideradas insuficientes ante presuntas redes de trata de personas que traspasan fronteras.

Global Qowa Al Basheria SAS fue constituida en 2012 en Bogotá y, aunque ha cambiado de oficina al menos tres veces en la localidad Chapinero, continúa sus operaciones de manera visible.

Según registros citados por El Espectador, la compañía estaría liderada legalmente por los coroneles retirados Omar Fernando García Batte y José Óscar García Batte y ya ha obtenido nueve contratos estatales por 547 millones de pesos entre 2018 y 2024.

A través de la plataforma Mi Futuro Global, la firma anunciaría el “suministro de recurso humano de alta calidad” hacia Medio Oriente, pero testimonios recabados constatan que exmilitares colombianos habrían terminado involucrados en conflictos armados lejos de los destinos inicialmente ofrecidos.

La red de reclutamiento operaría con intermediarios; uno de los más nombrados sería el denominado “comandante Uber Cruz”, señalado por familiares como el enlace principal para gestiones hacia Rusia. Según relatos recogidos por El Espectador, los hombres parten con ofertas para trabajar en Polonia, pero la ruta se desvía en tránsito hacia ciudades rusas como Ufa.

“Le ofrecieron irse a Polonia a cuidar una mina de carbón. Eso fue lo que le dijeron a él. Lo llevaba un señor que se llama Uber Cruz. Cuando ya él estaba en el aeropuerto en Polonia me dijo que la ruta no era para allá, sino para Ufa”, señaló Paola Gómez, viuda de un exmilitar.

El proceso contemplaría la suscripción de contratos, presuntamente firmados directamente con la Federación de Rusia, en los que los exmilitares se comprometerían a servir de forma desinteresada y a defender la nación. Las familias también refieren la existencia de una segunda ruta, organizada por otro intermediario apodado “Kraken”, quien, mediante contactos por WhatsApp, reúne exmilitares en Bogotá, les provee hospedaje cerca del Aeropuerto El Dorado y coordina el traslado aéreo hacia Rusia.

Las rutas de captación y traslado incluirían escalas en México, París, Madrid, además de Polonia y Turquía. Algunos casos recogidos por El Espectador relatan desvíos hacia destinos inesperados: un exmilitar denunció ante la Defensoría del Pueblo en 2018 que partió rumbo a Dubái, fue enviado a Sudán y terminó finalmente enrolado en filas rusas.

Los contratos iniciales ofrecerían sueldos elevados —entre 2.600 y 3.000 dólares mensuales, más bonificaciones cercanas a 20.000 dólares—, pero numerosas familias reportan pagos incumplidos y promesas quebrantadas a medida que sus allegados se ven inmersos en conflictos bélicos.

Cifras oficiales estiman que, hasta finales de 2025, podrían haber muerto entre 300 y 550 exmilitares colombianos en escenarios de guerra en Ucrania, mientras entre 1.500 y 2.500 se calcula que siguen combatiendo.

Los familiares agrupados relatan enormes dificultades para obtener información e incluso para recuperar los cuerpos, advirtiendo de una falta de apoyo estatal.

“He enviado dos cartas a la Cancillería y lo único que me han respondido es que lo enviaron a una lista de connacionales y que sí, que hay que esperar. Del lado ruso encontramos un Telegram, supuestamente del batallón o algo así de allá, pero no sabemos si es realmente un ente confiable o no”, señaló Lady, esposa de un desaparecido colombiano en Rusia.

A este drama se suman protestas y manifestaciones de las familias, que exigen respuestas sobre el paradero de sus allegados y soluciones a la repatriación. El Espectador verificó la existencia de listas incompletas y la negativa de la Embajada de Rusia a compartir información alegando que el tema no es de su competencia.

En el contexto internacional, la magnitud del conflicto aparece reflejada en cifras del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Csis): hasta diciembre de 2025, cerca de 325.000 soldados rusos habrían muerto desde el inicio de la guerra en Ucrania, junto a entre 100.000 y 140.000 ucranianos fallecidos y unos 15.000 civiles considerados bajas.

Si se suma la totalidad de afectados —muertos, heridos y desaparecidos—, el número podría superar el millón y medio. El mercado global de empresas militares privadas considera a los militares colombianos uno de sus activos principales, con su presencia confirmada también en conflictos como los de Sudán y Emiratos Árabes Unidos.

Como reacción a la presión social, el Congreso colombiano aprobó el 4 de diciembre de 2025 la Ley Antimercenarismo, diseñada para investigar y sancionar a las redes de reclutamiento que operan en el país.

Sin embargo, la salida de exmilitares a conflictos internacionales aún no se detiene. La ley contempla nuevas obligaciones estatales para prevenir el reclutamiento y aguarda aún, hasta la fecha de publicación, la firma del presidente Gustavo Petro para entrar en vigor.

Mientras tanto, decenas de familias continúan buscando respuestas y justicia, recordando que la deuda por los desaparecidos y muertos en estos conflictos sigue sin saldarse.