La expulsión de dos ciudadanos dominicanos de Colombia por intento de fraude documental puso de relieve el aumento de esta modalidad delictiva en las rutas migratorias hacia Europa.
El caso, ocurrido en febrero de 2026 en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, respondió a la detección de documentación falsa durante un control migratorio.
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Durante la verificación de salida, los oficiales identificaron el uso de pasaportes dominicanos auténticos y la presentación de residencias españolas falsificadas. Tras hallarse inconsistencias en el itinerario y los motivos del viaje a España, la revisión documental, apoyada por el Grupo de Grafología y Documentología, confirmó la falsedad de esos documentos.
La expulsión se efectuó mediante un vuelo comercial hacia Santo Domingo y siguió el protocolo habitualmente aplicado ante intentos de suplantación de identidad y tráfico de migrantes. Este tipo de prácticas es favorecido por organizaciones criminales especializadas.
El modus operandi de estas redes otorga la nacionalidad colombiana a extranjeros, principalmente dominicanos. Para ello, se crean registros civiles de nacimiento con padres y testigos ficticios, lo que posibilita la obtención de cédulas de ciudadanía reales y, posteriormente, de pasaportes legítimos, permitiendo así burlar las restricciones migratorias.
Entre 2021 y lo transcurrido de 2026, las autoridades han detectado 965 casos de obtención fraudulenta de documentos colombianos.
Más de 850 casos involucran a ciudadanos dominicanos. Otros 118 corresponden a personas originarias de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Líbano y diferentes países.
En diciembre de 2025, se desarticuló una organización criminal que operaba principalmente en Antioquia, con la presunta participación de un funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Según la investigación, este empleado habría tramitado irregularmente cédulas, facilitando el accionar de las redes de tráfico de migrantes.
Las autoridades han intensificado la colaboración con equipos especializados en documentología y grafología con el objetivo de identificar patrones de fraude y mejorar los controles migratorios. Este fenómeno afecta la seguridad y la integridad de los sistemas de identificación.
La autoridad migratoria mantiene la alerta a nivel nacional ante la continuidad de estas prácticas, dirigidas a obtener beneficios internacionales mediante la suplantación de la identidad colombiana. Las acciones estatales buscan reforzar la supervisión y combatir la proliferación de redes dedicadas al tráfico de migrantes.
La Fiscalía investiga presunta salida irregular de menor hijo de exreina Natalia Vidales
Migración Colombia inició una investigación para establecer si existieron fallas en los controles migratorios tras la salida irregular del país de un recién nacido, hijo de la exreina cartagenera Natalia Vidales Martelo, quien está denunciada penalmente por usar documentos presuntamente falsificados el 21 de diciembre de 2024 para llevar al menor a Madrid, España.
El proceso judicial busca esclarecer la validez de la documentación utilizada y la eventual participación de funcionarios públicos en el trámite. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación, la escritura pública número 4.589, supuestamente protocolizada el 17 de diciembre de 2024 en la Notaría Sexta del Círculo de Cartagena de Indias, habría sido el soporte que permitió autorizar la salida.
No obstante, según el denunciante, Carlos Ernesto Parra Conrado, padre del niño, “jamás firmó ni otorgó autorización alguna para la salida del niño del territorio nacional” y asegura que su firma fue falsificada para engañar a las autoridades migratorias.
La Fiscalía adelanta una indagación contra Vidales Martelo por su presunta responsabilidad en la falsificación del documento notarial que simulaba su autorización.
El abogado penalista Germán Percy Rodríguez, representante del denunciante, describió que esta conducta podría configurar los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal. “El delito de fraude procesal se configura cuando una persona, mediante medios fraudulentos, induce en error a un servidor público para conseguir un acto administrativo ilegal. En este caso, la autorización de salida del país del menor se habría obtenido de manera irregular”, explicó el jurista.
En el expediente se indica que el menor regresó a Colombia el 26 de agosto de 2025 por orden judicial y quedó temporalmente bajo la custodia de su padre, con quien se reunió en septiembre.
El documento radicado exige, además, que se investigue la actuación de empleados de la Notaría Sexta y de Migración Colombia por una posible omisión en la verificación de los papeles presentados el día del viaje.
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