
El excuñado del hermano del ministro del Interior, Armando Benedetti, Carlos Alberto Dada, estaría impulsando el millonario contrato del Escudo Nacional Antidrones, valorado en más de $6,2 billones, para favorecer a la empresa turca MKE Corporation.
Según El Colombiano, el proceso, liderado por el Ministerio de Defensa, está rodeado de cuestionamientos por posibles reuniones privadas, viajes oficiales y un memorando firmado con Turquía que habría abierto el camino a esa compañía antes de que se anunciara formalmente la apertura de la contratación.
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El proyecto busca enfrentar una amenaza real: en los últimos cinco años se han registrado 860 ataques con drones por parte de grupos armados ilegales, con un saldo de 62 personas muertas.
Ante este panorama, el Gobierno impulsa la creación de un sistema tecnológico capaz de detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas utilizadas en acciones violentas.
Sin embargo, el proceso de contratación ha generado inquietud. Según reveló el diario El Colombiano, existiría un memorando de entendimiento firmado en junio de 2025 entre Colombia y Turquía que abriría el camino para que MKE Corporation sea la empresa encargada de implementar el sistema.
Esto contrasta con declaraciones públicas del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que ha sostenido que el proceso apenas comienza.
Las dudas crecieron tras conocerse que Carlos Alberto Dada ingresó al Ministerio de Defensa en diciembre de 2025 y sostuvo una reunión con la viceministra de Defensa, Angélica Verbel. De acuerdo con fuentes citadas por El Colombiano, habría urgencia por concretar la contratación antes de finalizar el año.

Dada es excuñado de Camilo Benedetti y ha tenido vínculos previos con el sector defensa. En 2020, Force Improvement LLC —empresa relacionada con Camilo Benedetti— trabajó junto a MKE Corporation en contratos para la adquisición de material militar. Esa relación previa alimenta las sospechas sobre un posible impulso privado a favor de la compañía turca.
Tanto Benedetti como Dada han negado cualquier participación en el nuevo proceso. Camilo Benedetti aseguró que no tiene relación alguna con el proyecto del Escudo Nacional Antidrones y que su empresa no está interesada en ese negocio.
También afirmó que no ha autorizado a nadie a usar su nombre como intermediario. Dada, por su parte, reconoció haber visitado a la viceministra, pero sostuvo que se trató de una reunión personal sin relación con el contrato.
Otro punto que ha llamado la atención es el viaje oficial de la viceministra Verbel a Turquía, entre el 24 y el 31 de enero de 2026. Durante esa agenda, sostuvo encuentros con empresas del sector militar, incluida MKE Corporation.
Fotografías oficiales muestran a la funcionaria en la sede de la compañía. Aunque el Ministerio informó que el objetivo era fortalecer la cooperación bilateral, no se han dado detalles específicos sobre las conversaciones relacionadas con el sistema antidrones, según el diario antioqueño.
El modelo de contratación también genera debate. El proceso sería centralizado a través de Codaltec, la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa. Esta entidad tiene un régimen especial que le permite contratar directamente, sin licitación pública tradicional. Según fuentes internas, Codaltec podría recibir hasta el 14 % del valor total del contrato por su gestión administrativa.

En medio de la controversia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta en X sobre la investigación periodística.
El mandatario escribió: “Problema: los turcos no tienen antidrones móviles tácticos, probados en la guerra, que es lo que estoy buscando como prioridad. Así que los comisionistas de armas por hacerle caso a ‘El Colombiano’ se están equivocando (sic)”.
Con este mensaje, Petro dio a entender que el Gobierno estaría buscando tecnología con experiencia comprobada en escenarios de guerra y que, según su criterio, la oferta turca no cumpliría con ese requisito.

También existen dudas técnicas. Fuentes consultadas por el medio citado han señalado que el sistema “Tolga” de MKE Corporation habría tenido solo una demostración pública y presentaría limitaciones para detectar drones modificados con fibra óptica, una modalidad usada por grupos armados ilegales en Colombia.
La viceministra Verbel ha defendido su actuación y afirmó que las reuniones con actores del sector no implican compromisos. Además, sostuvo que el proceso se mantiene bajo reserva legal.
El Escudo Nacional Antidrones es uno de los contratos tecnológicos más grandes en la historia reciente del país. Su objetivo es reforzar la seguridad frente a las disidencias, el Clan del Golfo y el ELN, responsables de cientos de ataques con drones.
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