La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a dos personas señaladas de incurrir en graves hechos de maltrato contra animales de compañía en Bogotá.
Uno de los casos resultó en la muerte de una canina tras ser arrojada desde el balcón de un edificio, mientras que el otro involucra agresiones reiteradas a una mascota de avanzada edad.
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Las actuaciones judiciales se desarrollaron tras la labor del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), según reportó la propia entidad.
Dos investigaciones, dos escenarios
El primer caso se remonta al 24 de octubre de 2025, en un complejo residencial del norte de Bogotá. Allí, vecinos denunciaron que Andrés Mauricio Ariza Durán ejercía violencia sobre Samantha, una canina de raza Golden Retriever de 14 años.
Un video entregado a las autoridades evidenció presuntas agresiones frecuentes hacia la mascota, algunas de ellas ocurridas dentro del cuarto de basuras del edificio.
El material audiovisual fue considerado clave en la indagación de la Fiscalía General de la Nación, que procedió a imputar a Ariza Durán el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física del animal, en su modalidad agravada. El cargo no fue aceptado por el implicado, que deberá comparecer ante la justicia durante el proceso penal en curso.
En otro hecho, ocurrido el 26 de noviembre en el barrio Bosa Porvenir, también en la capital colombiana, la Fiscalía imputó a Olga Patricia Marín Sotelo por su presunta responsabilidad en la muerte de Mila, una perra de 8 meses de edad.
Según el expediente, la mujer habría lanzado al animal desde el balcón de un apartamento en el segundo piso de una torre residencial, provocando el fallecimiento de la mascota.
Actuación de las autoridades y verificación de los hechos
La Fiscalía General de la Nación informó que la investigación fue respaldada por el trabajo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), cuyos funcionarios realizaron visitas de inspección en los lugares donde ocurrieron las agresiones. De acuerdo con la información oficial, las autoridades constataron las condiciones en que se encontraban los animales y recopilaron pruebas testimoniales y documentales.
En ambos procesos judiciales, los señalados rechazaron los cargos que les imputaron los fiscales. En el caso de Samantha, la acusación corresponde al delito de lesiones agravadas, mientras que en el de Mila, la imputación es por muerte de animal agravada.
Gelma y el endurecimiento de la respuesta penal
El Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), dependiente de la Fiscalía, reforzó en los últimos años sus mecanismos de investigación y judicialización de hechos de crueldad hacia animales en Colombia.
Según datos de la propia entidad, las denuncias por este tipo de delitos han mostrado un incremento sostenido, lo que ha llevado a un mayor seguimiento de las actuaciones policiales y fiscales.
Las autoridades reiteraron que la protección y el bienestar animal constituyen obligaciones legales que pueden generar sanciones penales. Los delitos por maltrato animal en Colombia pueden implicar penas privativas de la libertad, especialmente en casos de reincidencia o hechos que produzcan la muerte o graves lesiones en los animales de compañía.
Los casos recientes en Bogotá han generado reacciones en redes sociales y entre organizaciones defensoras de los derechos de los animales, que solicitaban el avance de los procesos y la aplicación efectiva de la ley.
Sanciones y panorama legal
El marco normativo colombiano contempla sanciones para quienes sean declarados responsables de maltrato animal. La Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) en Colombia, sancionada en abril de 2025 e impulsada por la senadora Andrea Padilla, fortalece la protección animal actualizando el estatuto de 1989.
Reconoce a los animales como seres sintientes, aumenta las penas por maltrato y abuso sexual animal, prohíbe la tenencia de animales a condenados y crea un registro de agresores.
Las autoridades recordaron que cualquier persona puede denunciar hechos de maltrato ante la Fiscalía o ante el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), facilitando la intervención de los organismos competentes y el inicio de las investigaciones correspondientes.
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