Las lluvias no dan tregua en varias zonas de Bolívar y el panorama ya desbordó la capacidad ordinaria de respuesta. Con ese telón de fondo, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres decidió el miércoles 18 de febrero declarar la calamidad pública en todo el departamento.
La decisión fue adoptada por unanimidad, tras evaluar las afectaciones que se vienen acumulando, especialmente en el sur del territorio. Allí confluyen inundaciones activas, procesos de erosión acelerada y amenazas de sequía que, según la Gobernación, comprometen tanto a comunidades rurales como a la infraestructura vial y productiva.
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“La medida responde a los impactos cada vez más evidentes de la variabilidad climática, especialmente en el sur de Bolívar, donde se registran procesos de erosión acelerada, inundaciones activas y amenazas de sequía que ponen en riesgo a comunidades enteras, la infraestructura vial y productiva, así como ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental del departamento”, detallaron desde la administración departamental.
El gobernador Yamil Arana señaló que la declaratoria no es un trámite simbólico. En la práctica, permite activar mecanismos extraordinarios para atender emergencias con mayor rapidez, movilizar recursos y coordinar acciones entre entidades. “Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, afirmó.
Mientras se elabora el acta oficial que formaliza la determinación del Consejo, la Gobernación avanza en la estructuración del decreto que dará sustento jurídico a la medida. El siguiente paso será presentar el Plan de Acción Específico, un documento que definirá cómo se ejecutarán las estrategias de atención inmediata, mitigación del riesgo, rehabilitación de zonas afectadas y recuperación integral.
Las cifras muestran la dimensión del desafío. Con corte al 14 de febrero de 2026, el departamento mantiene 15 declaratorias de calamidad pública vigentes, la mayoría relacionadas con inundaciones, erosión costera, frentes fríos y fenómenos asociados a la variabilidad climática. Es un mapa de emergencias que no se limita a un solo municipio, sino que atraviesa distintas subregiones.
Durante 2025, las crecientes impactaron con fuerza a municipios como Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor y Simití. El balance departamental habla de 4.079 familias afectadas, lo que equivale a 9.743 personas. Detrás de esos números hay hogares que perdieron enseres, cultivos dañados y comunidades que debieron reorganizar su cotidianidad alrededor del agua.
En materia de vivienda, el reporte oficial señaló 2.488 hogares habitables afectados, 76 viviendas no habitables, 132 destruidas y 57 averiadas. Pinillos encabeza la lista de municipios con mayor número de personas impactadas, con 4.566, seguido por María La Baja, donde se contabilizan 2.105 afectados.
El panorama para 2026 tampoco ofrece un respiro completo. Siguen vigentes declaratorias en municipios como San Jacinto del Cauca, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena, Santa Catalina, Arenal del Sur y Montecristo. La persistencia de estas medidas confirma que el riesgo climático no es episódico, sino estructural.
En varias de estas localidades, la preocupación no se limita a las inundaciones. La erosión costera amenaza viviendas y vías, mientras que los cambios bruscos en las lluvias afectan la productividad agrícola y la estabilidad de los ecosistemas. Esa combinación obliga a pensar en respuestas que vayan más allá de la atención de emergencias puntuales.
La declaratoria de calamidad pública abre la puerta a contrataciones directas y a la destinación prioritaria de recursos para obras de mitigación, ayudas humanitarias y fortalecimiento institucional. Sin embargo, también plantea el reto de ejecutar con eficiencia y transparencia en medio de la urgencia.
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