
La polémica empresa Frisby España SL, conocida en Colombia por haber “suplantado” el nombre de la reconocida marca Frisby, vuelve a ser centro de atención después de que anunciara nuevas acciones legales, esta vez, contra la famosa cadena de restaurantes KFC.
De hecho, el representante de la firma española publicó en sus redes sociales un comunicado en el que ratificó el nuevo conflicto con el grupo estadounidense Yum! Brands Inc. y que podría afectar al mercado colombiano.
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El reciente comunicado oficial de la empresa española, emitido desde Madrid, denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) de España prácticas que, según la firma, podrían restringir la competencia en Europa y afectar indirectamente el desarrollo de nuevos actores en Colombia.
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Las implicaciones de esta denuncia involucran directamente a KFC Restaurants Spain SL, filial de Yum! Brands Inc., y a su franquiciado en Colombia, Inversiones INT Colombia S.AS.

De acuerdo con la declaración, la compañía española considera que las actuaciones bajo investigación podrían suponer un abuso de posición dominante y un falseamiento de la libre competencia. Estos extremos se fundamentan en la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia española y en los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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Yum! Brands, KFC y el mercado colombiano
La denuncia subraya que la estrategia internacional de las grandes cadenas, como KFC, tiene impacto más allá de Europa. En el caso colombiano, Inversiones INT Colombia S.AS. —franquiciado local de KFC— queda aludido en el proceso, lo que podría traducirse en un escrutinio sobre posibles barreras de entrada para nuevos competidores en el sector de comida rápida del país.
Según el comunicado, la preocupación central radica en la posibilidad de que ciertas actuaciones limiten la llegada y expansión de nuevos operadores en el mercado, afectando la diversidad de la oferta y, potencialmente, los precios y condiciones para los consumidores colombianos.
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La Cnmc de España fue el organismo al que Frisby España SL dirigió su denuncia, amparándose en normativas tanto nacionales como comunitarias. Aunque la investigación se desarrolla en el ámbito europeo, la inclusión explícita del franquiciado colombiano de KFC plantea un precedente sobre cómo las decisiones de órganos reguladores europeos pueden incidir en el entorno competitivo de América Latina.

Apenas cuatro días atrás, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Alicante ha admitido la demanda interpuesta por Frisby España SL contra Frisby SA BIC, la conocida cadena colombiana de comida rápida, iniciando así una nueva etapa en el conflicto legal por la titularidad y uso de la marca Frisby.
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La justicia española le otorgó a la empresa colombiana un plazo de dos meses para responder a las reclamaciones económicas y reputacionales formuladas por su homónima europea.
La cuantía exacta que exige Frisby España SL aún no ha sido determinada, pero la empresa adelantó que, en términos preliminares, “las pretensiones económicas acumuladas podrían situarse en múltiples decenas de millones de euros”.
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Esta estimación, según el comunicado oficial, se fundamenta en una comparación entre los beneficios obtenidos por Frisby Colombia en el período litigioso, comprendido entre mayo y diciembre de 2025, y los resultados del año previo. Para definir con precisión el alcance del supuesto enriquecimiento indebido y los daños ocasionados, la compañía solicitó al juzgado el nombramiento de una pericial contable y un análisis técnico de los activos intangibles y del perjuicio reputacional.
El litigio enfrenta a Frisby España SL, titular de los derechos de marca en la Unión Europea, y a Frisby SA BIC de Colombia, que posee una sólida presencia en el mercado latinoamericano.
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Las reclamaciones incluyen el pago de las ganancias que, según la parte demandante, habría generado la exposición mediática del proceso judicial y la restitución del “enriquecimiento patrimonial y reputacional” derivado de acusaciones públicas sobre “robo, agresión o usurpación”.
Además, la empresa española solicita una indemnización por la supuesta difusión de “informaciones inexactas o incompletas”, las cuales habría provocado un perjuicio comercial, reputacional y económico significativo en el mercado europeo.
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La admisión de la demanda llega después de que Frisby España presentara un recurso de apelación el 8 de enero de 2026 ante la Audiencia Provincial de Alicante, calificando de “sorprendente” un fallo anterior. Según la compañía, la acción legal busca proteger sus intereses comerciales en la Unión Europea y cuestiona que la narrativa pública de la firma colombiana omitiera la existencia de procedimientos abiertos y registros de marca en territorio europeo.
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