
La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025 volvió a encender la discusión sobre el salario mínimo. El aumento del 23% decretado para 2026, el más alto en las últimas tres décadas, quedó en pausa mientras el Gobierno expide un nuevo acto administrativo transitorio. Pero más allá del pulso jurídico, las cifras ya habían empezado a dibujar sus posibles efectos.
Un análisis de Raddar Consumer Knowledge Group, elaborado con base en datos del Ministerio de Trabajo y del Dane, examinó cómo este ajuste impactaría el poder adquisitivo, las brechas salariales y la dinámica del empleo. El informe partía de un dato contundente: el incremento de 23,7% representaba un salto histórico frente a los aumentos recientes.
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Según sus estimaciones, el alza implicaría una variación real del salario mínimo de 16,2% en 2026. En términos prácticos, eso se traduciría en una mejora sustancial en la capacidad de compra para quienes devengan exactamente ese ingreso. El contraste aparece cuando se observan otros segmentos del mercado laboral.
Raddar proyectaba que el salario promedio real crecería 4,78% para los trabajadores informales y 3,69% para los formales. Es decir, el mayor beneficio relativo se concentraría en quienes están justo en el umbral del salario mínimo. La medida fortalecería ese piso, aunque no modificaría de fondo la estructura de ingresos del mercado laboral.
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El estudio también mostraba que el impacto no sería homogéneo. Para 2026, los trabajadores informales habrían recibido en promedio el equivalente a 0,60 salarios mínimos, mientras que los formales devengarían cerca de 1,31 salarios mínimos. En términos proporcionales, los informales se ubicarían 40,32% por debajo del salario mínimo y los formales aproximadamente 50% por encima.

La brecha es clara: el aumento refuerza a quienes ganan el mínimo, pero no corrige de manera estructural las diferencias entre segmentos. El mercado laboral colombiano, marcado por altos niveles de informalidad, seguiría mostrando distancias significativas entre ingresos promedio y salario base.
Otro frente clave es el empresarial. Raddar advertía que un incremento de esta magnitud podría generar presiones sobre los costos laborales, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. Actividades como el inmobiliario, la construcción y los hoteles y restaurantes concentran una proporción relevante de trabajadores formales que devengan el salario mínimo.
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En esos sectores, el ajuste impactaría directamente la estructura de costos. El efecto podría trasladarse a decisiones sobre contratación, apertura de vacantes y metas de crecimiento para 2026. No se trata solo de una cifra en nómina; es un factor que incide en la planeación financiera de miles de empresas.

El contexto inflacionario también entra en la ecuación. El estudio proyectaba una inflación de 6,18% para 2026, por debajo del aumento salarial. Esto sugiere que, en términos reales, el poder adquisitivo del salario mínimo crecería. Sin embargo, las presiones podrían sentirse con mayor intensidad en sectores de servicios, donde el componente laboral pesa más dentro de los costos totales.
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La suspensión del decreto no elimina estas discusiones. Por el contrario, las profundiza. El país enfrenta el desafío de equilibrar la mejora en los ingresos de quienes ganan el mínimo con la sostenibilidad empresarial y la estabilidad del empleo. El aumento del 23% se convirtió en un punto de referencia por su magnitud. Ahora, con el proceso en revisión, el debate se mueve entre los argumentos técnicos, las proyecciones económicas y las decisiones jurídicas. Lo cierto es que cualquier ajuste al salario mínimo tiene efectos que van más allá del titular: toca el bolsillo de millones de trabajadores y redefine, al mismo tiempo, las reglas del juego para el sector productivo.
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