
La profesora Catalina Toro, adscrita al Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional, denunció en diálogo con El Tiempo presiones, amenazas y falta de inclusión en el proceso constituyente interno de la institución.
Según sus declaraciones, el ambiente académico se ha visto afectado por una supuesta persecución a docentes y trabajadores que han cuestionado la legitimidad y representatividad del proceso, realizado durante la rectoría de Leopoldo Múnera y continuado bajo la administración de José Ismael Peña.
Un clima de miedo y restricciones en la universidad
De acuerdo con lo reportado por el diario, Catalina Toro afirmó que la situación ha escalado hasta generar miedo entre quienes manifiestan desacuerdo con las directrices institucionales. “No puedo dictar clases de manera presencial porque estoy amenazada”, expresó la académica, quien acumula 21 años de trayectoria en la Universidad Nacional. La docente describió el ambiente actual como uno marcado por la degradación del debate académico y la imposición de ideas desde las autoridades universitarias.
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Participación y representatividad en entredicho
Según detalló el medio, el proceso constituyente originado bajo la gestión de Leopoldo Múnera (nombrado rector en 2024 por el Consejo Superior Universitario (CSU) y cuya designación resultó posteriormente anulada) careció de la participación de los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Solo el 2,4% del estudiantado y los docentes participaron en la aprobación del proceso, lo que, según la profesora, pone en duda el nivel de inclusión y legitimidad de la reforma impulsada.
La académica también advirtió que la falta de debate abierto y la ausencia de mecanismos democráticos han generado tensiones dentro del claustro. En la misma línea, señaló el vínculo entre los cambios en la rectoría y la persistencia de conflictos internos: “En la elección a la rectoría se mostró que hay un problema con el sistema de elección, siempre depende del gobierno de turno y la universidad termina subordinada a esos intereses”.
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Procesos disciplinarios y denuncias de acoso institucional
El Tiempo recogió el testimonio de Catalina Toro respecto a los procesos disciplinarios que enfrenta, los cuales considera retaliaciones por sus posturas críticas frente al movimiento constituyente. “En la universidad, a nadie se le niega un disciplinario. Estos procesos funcionan como un ajuste de cuentas, sin argumentos ni pruebas”, afirmó la profesora. Añadió que la filtración de información sobre su caso en redes sociales ha contribuido a la estigmatización pública, con el objetivo de ejemplificar y desincentivar que otros docentes cuestionen las decisiones de las autoridades universitarias.
La docente relató que su caso ya ha llegado a instancias como la Corte Constitucional y la Procuraduría, esperando que se garantice un proceso justo.
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Problemas estructurales y demandas de democratización
El análisis compartido por el diario pone en relieve los desafíos estructurales de la Universidad Nacional, que arrastra una crisis financiera desde la década de 1990. Según Catalina Toro, solo el 30% del profesorado es de planta, mientras que el resto ocupa cargos ocasionales. Esta situación, sumada a denuncias sobre corrupción en la asignación de puntajes y la persistencia de prácticas patriarcales, alimenta la percepción de exclusión en la toma de decisiones y la gestión de la universidad.
La académica subrayó la necesidad de avanzar hacia una mayor democratización y transparencia, señalando que el actual proceso constituyente “nació desde arriba, impuesto por el CSU, sin una base de apoyo real entre profesores, estudiantes y trabajadores”. Según sus palabras, la falta de diálogo y la concentración de poder generan nuevas exclusiones y afectan la autonomía universitaria.
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Momentos clave y resistencias internas
Tras la anulación de la rectoría de Leopoldo Múnera y el regreso de José Ismael Peña, la Universidad Nacional vivió episodios de protesta, como el paro decretado por estudiantes y profesores, que posteriormente decidieron levantar. El punto central del debate se centró en la reforma al estatuto general, decisión que recae directamente en el Consejo Superior Universitario.
Dentro del proceso constituyente, según reportó el medio, persisten cuestiones sin resolver, como la relación entre la sede principal en Bogotá y las regionales, además de la falta de consideración por la diversidad socioeconómica del estudiantado.

Consecuencias y perspectivas
Catalina Toro advirtió que las consecuencias de la persecución institucional afectan tanto su vida profesional como personal. La imposibilidad de asistir físicamente a la universidad y la exposición pública de su caso reflejan el nivel de tensión dentro del claustro académico. “El que no obedezca las órdenes del jefe político, es investigado, amenazado y muy probablemente destituido”, afirmó en sus declaraciones.
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La docente concluyó que, a pesar de que las instancias judiciales han intervenido, la estructura de poder interno mantiene vigente la exclusión y las represalias contra quienes demandan mayor apertura y democratización en la Universidad Nacional.
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