
A miles de pacientes crónicos en el Valle del Cauca les cambió la rutina de un día para otro. Sin aviso, la IPS Gesencro, ubicada en Palmira, suspendió sus servicios y dejó en el aire la atención de cerca de 5.000 usuarios, en su mayoría afiliados a la EPS Emssanar. Detrás del cierre, según las autoridades departamentales, está la misma tormenta financiera que golpea al sistema de salud en todo el país.
La institución atendía principalmente a personas con enfermedades de alta prevalencia y condiciones crónicas discapacitantes tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades pulmonares y enfermedad renal crónica. Pacientes de municipios como El Cerrito, Buenaventura, Buga, Palmira y Candelaria deberán ahora buscar nuevos prestadores para continuar sus tratamientos, con todo lo que implica trasladar historias clínicas, reprogramar citas y asegurar la entrega de medicamentos.
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Desde la Secretaría Departamental de Salud del Valle, la lectura es clara. La titular de la cartera, María Cristina Lesmes, fue enfática al señalar que el problema trasciende a la IPS. “Esto no es un problema de Gesencro ni del Valle del Cauca, es un problema del país”, afirmó. Para la funcionaria, el cierre es una consecuencia directa de la insuficiencia financiera que enfrentan las EPS, derivada de los recursos que reciben a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), situación que ha sido reconocida por la Corte Constitucional.
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Lesmes no ocultó su preocupación por el impacto humano de la decisión. “Es muy lamentable para el departamento que instituciones pequeñas se vean abocadas al cierre, que los empleados que estaban trabajando en Gesencro queden desempleados y que pacientes que estaban muy satisfechos con el servicio prestado, se encuentren en la disyuntiva sin saber dónde los atienden”, expresó. En diálogo con Radio Reloj Cali, añadió: “esto es una gota más que rebosa el vaso, que hace absolutamente clara la dificultad financiera que tiene el sector y cómo afecta a las personas”.
El caso de Gesencro no es un hecho aislado dentro del panorama regional. Esta misma semana se conocieron resultados de un análisis liderado por la Gobernación del Valle que examinó el comportamiento de la mortalidad entre afiliados de Nueva EPS desde julio de 2025. El objetivo era establecer si existía un aumento diferencial frente al resto del sistema en el departamento.
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El estudio encontró una asociación temporal consistente entre el agravamiento de la crisis administrativa de la entidad y un incremento significativo en las defunciones de sus usuarios. Mientras el promedio del sistema de salud en el Valle registró un aumento del 9,6% en la mortalidad durante el periodo analizado, Nueva EPS alcanzó un 14,1%. La diferencia de 4,5 puntos porcentuales representa una brecha relevante.
En términos comparativos, el incremento en la mortalidad de los afiliados a esa EPS fue 47% superior al observado en las demás aseguradoras que operan en el departamento. Para los investigadores, este comportamiento resulta atípico frente al resto del aseguramiento regional y amerita un análisis detallado.
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El informe se sustentó en datos del Registro Único de Afiliados Nacimientos y Defunciones (Ruaf-ND), procesados por la Secretaría Departamental de Salud. Se examinaron 97.095 defunciones no fetales de residentes del Valle, excluyendo causas externas como accidentes de tránsito, homicidios o lesiones, debido a la ausencia de registro de EPS en esos casos.

La hipótesis central, divulgada por el portal Consultor en Salud, planteó que fallas sistemáticas, como negación de autorizaciones, desabastecimiento de medicamentos, interrupciones en tratamientos y barreras para acceder a especialistas, podrían estar relacionadas con un aumento en muertes evitables.
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