María Fernanda Cabal denunció “feria de contratos” en el Gobierno Petro antes de la Ley de Garantías: “La plata alcanza cuando no se la roban”

Un incremento considerable en la contratación directa caracterizó la gestión del Gobierno Petro en enero de 2026, pocos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, según la Contraloría General de la Nación.

El escenario generó duras críticas desde la oposición. La senadora María Fernanda Cabal calificó la situación de “escandalosa” y afirmó: “Yo lo he dicho muchas veces. La plata alcanza cuando no se la roban. Esto que ha hecho el gobierno Petro con la feria de contratos es escandaloso. Antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías, el Gobierno Petro suscribió 164.813 contratos bajo la modalidad de contratación directa, por un valor de 14.86 billones de pesos”.

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Cabal también atribuyó al Ejecutivo la suscripción de 164.813 contratos por $14,86 billones de forma directa antes de la vigencia de la Ley de Garantías, cuestionando el manejo de los recursos públicos en el periodo previo a la restricción.

De acuerdo con la Contraloría General de la República, durante ese mes se suscribieron 521.269 contratos bajo esta modalidad, con un valor global de $32,88 billones. Esta cifra suscitó alertas por parte del órgano de control y generó cuestionamientos de sectores políticos.

La Ley de Garantías Electorales, en vigor desde el 31 de enero de 2026, restringe la celebración de nuevos contratos estatales en el periodo previo a elecciones, lo que apunta a evitar el uso político de los recursos públicos.

La normativa prohíbe la contratación directa y limita el crecimiento de la nómina, con el fin de promover la transparencia y la equidad durante el proceso electoral.

Según el informe de la Contraloría, la mayor asignación de recursos y contratos se produjo en los días anteriores a la limitación legal. El 45% del valor total fue adjudicado en la última semana del mes, alcanzándose el 30 de enero el pico diario con contratos por un total de $5.7 billones.

A nivel territorial, se gestionaron 348.495 contratos por $17.7 billones. En el ámbito nacional, la cifra fue de 164.813 contratos por $14.87 billones, mientras que las corporaciones autónomas sumaron 7.961 contratos por $0.3 billones. Esta dinámica reflejó una ampliación en todas las escalas del sector público.

Las órdenes de prestación de servicios concentraron el mayor crecimiento: en enero se celebraron 501.423 contratos bajo esta figura, el 96,2% del total, por un valor de $22,34 billones, que representó el 67,9% de los recursos asignados con esta modalidad. El incremento respecto a enero de 2022 fue del 5,2% en número de contratos y del 30,4% en valor monetario.

El aumento de la contratación directa fue especialmente notorio frente al mismo periodo de 2022. Hace cuatro años, el registro fue de 107.971 contratos directos por $8,84 billones en el nivel nacional.

En 2026, la cifra subió a 164.813 contratos por $14,87 billones, lo que implicó incrementos del 52,6% en cantidad y del 68,2% en montos adjudicados.

Entre las entidades nacionales, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) lideró en valor adjudicado con $1.72 billones en contratos directos, seguido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) con $1.26 billones, y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil con $0,76 billones. En el ámbito territorial, destacó el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla con $1,33 billones, junto a Medellín ($0.88 billones) y Cali ($0.54 billones).

En cuanto a las órdenes de prestación de servicios en el orden nacional, el volumen pasó de 103.563 contratos por $5,4 billones en enero de 2022 a 160.616 contratos por $9.5 billones en 2026. Esto representó aumentos del 64,48% en cantidad y del 75,14% en recursos asignados, según la Contraloría General de la República.

La Contraloría General advirtió que el aumento de la contratación directa incide en el presupuesto nacional y en los recursos asignados a las distintas entidades públicas. El órgano de control enfatizó la importancia de la vigilancia y el fortalecimiento de la transparencia para proteger los fondos públicos y mantener la confianza ciudadana.

La entidad fiscalizadora indicó que continuará supervisando permanentemente el comportamiento de la contratación pública, con el propósito de emitir alertas tempranas y resguardar el interés nacional ante los desafíos fiscales y el clima electoral actuales.