El juicio oral contra Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exrepresentante a la Cámara, inició en la mañana del jueves 12 de febrero ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Prada es acusado de complicidad en presunto soborno de testigos y de fraude procesal en el proceso penal relacionado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El caso gira en torno a la presunta manipulación de testimonios, un tema que ha generado un amplio debate público.
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Según los expedientes judiciales, entre el 20 y el 24 de febrero de 2018, Prada habría contactado a Carlos Eduardo López Callejas, conocido como “Caliche”, para que, en calidad de intermediario, buscara a Juan Guillermo Monsalve. El objetivo habría sido que Monsalve se retractara de sus acusaciones contra Uribe y adjudicara esas declaraciones a una supuesta manipulación por parte del senador Iván Cepeda Castro.
Las autoridades sostienen que Prada estaría involucrado en una estrategia para ofrecer beneficios jurídicos a Monsalve. Esta maniobra tenía como fin que Monsalve colaborara y, de ese modo, mejorar la imagen de Álvaro Uribe y de su hermano Santiago Uribe Vélez, ambos señalados en varios testimonios de mantener vínculos con grupos paramilitares.
Durante la audiencia, Prada negó las imputaciones y afirmó que no ha tenido relación alguna la búsqueda de testigos que hoy hacen parte del caso del expresidente. Además, aseguró que fue el ganadero Rodrigo Vidal quien lo puso en contacto con “Caliche”, y que este último se presentó como amigo del testigo Monsalve.
De acuerdo con la versión de Prada, “Caliche” manifestó que Monsalve quería relatar la verdad porque no habían cumplido una promesa de trasladarlo a Canadá y brindarle protección.
“A mí siempre me dijeron que Monsalve quería contar la verdad (a favor del expresidente Uribe) porque le habían incumplido la promesa de sacarlo a Canadá y protegerlo”, señaló el magistrado en su versión libre.
Álvaro Hernán Prada relató ante la Corte que López y Vidal le informaron sobre un posible video de retractación. Señaló que, si el material existía, se lo entregaría a los abogados de Uribe para que lo hicieran llegar a la justicia.
Según la versión del magistrado, él contactó a Uribe y este expresó su interés en que se conociera la verdad. Para Prada, atender esa situación era “un deber ciudadano” cuando alguien pretendía aportar a la administración de justicia.
“Y eso coincidía con la información que yo tenía por el otro lado, donde el presidente Uribe, a raíz de lo que había pasado con el inhibitorio de esa denuncia penal contra Iván Cepeda,había manifestado públicamente que había existido una persecución y, digamos, una cadena de hechos que llevaban a pensar que se habían buscado personas en las cárceles para hablar mal de él, de su hermano o de su familia”, señaló.
En esos días, Prada participaba en su campaña para la reelección al Congreso. Asegura que ese contexto hacía improcedente cualquier iniciativa para buscar testigos y reitera que nunca tuvo contacto directo con Monsalve. Afirma que solo recibió versiones contradictorias sobre las intenciones del testigo.
La Corte Suprema cuestionó al magistrado sobre mensajes interceptados entre Monsalve y “Caliche” relacionados con ofrecimientos de beneficios jurídicos a cambio de retractación.
En ese contexto, la versión oficial apuntaría a que López solicitó a Prada que ayudara a Monsalve a acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz. Prada respondió de forma contundente que no era posible: “Yo no creía en la JEP. Había escrito un libro explicando por qué la JEP estaba diseñada de una forma que no le convenía al país. Estaba tratando de derogar la JEP. Por supuesto que le dije que no había ninguna posibilidad”.
Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo principal en el caso, ha sostenido reiteradamente ante la justicia que tanto Álvaro como Santiago Uribe mantuvieron vínculos con grupos de Autodefensa en Antioquia. Prada insiste en que López le transmitía información distinta de la que este compartía con el testigo y recalca que nunca usó ese material en ninguna estrategia judicial para favorecer a los hermanos Uribe.
El proceso continuará su curso en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia durante los próximos meses. Actualmente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia evalúa casos vinculados a la existencia de grupos como ‘Los 12 Apóstoles’ y la presunta manipulación de testigos en torno a los Uribe Vélez, cuestiones que mantienen una fuerte presencia en la agenda judicial y política de Colombia.
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