
La Presidencia de Colombia negó cualquier conocimiento y responsabilidad sobre las interceptaciones ilegales denunciadas por Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas domésticas en la residencia de Laura Sarabia ― entonces exjefa de gabinete y hoy embajadora en el Reino Unido―, según una reciente respuesta remitida al juez 53 Penal de Conocimiento de Bogotá en el marco de la demanda de reparación presentada por ambas.
Dicha documentación, difundida por Semana, afirma que el Gobierno no tiene constancia de estos hechos y sostuvo que son ajenos a sus competencias.
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Meza y Perea demandaron a la Presidencia, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, alegando haber sido víctimas de interceptaciones, amenazas y seguimientos por parte de policías adscritos a la seguridad presidencial cuando trabajaban en el entorno de Sarabia.
La demanda tiene como base los daños y perjuicios derivados de esas actuaciones, según detalló el medio mencionado , tras obtener la respuesta de la Presidencia a la Fiscalia.
En el documento oficial enviado al juez, la Presidencia sostuvo que “desconoce la ocurrencia de los hechos narrados en la demanda” y señaló que estos corresponden a “conductas ajenas a la entidad”.

“Debe advertirse que la Presidencia de la República desconoce la ocurrencia de los hechos narrados en la demanda. Son enteramente ajenos a su competencia funcional y se refieren a conductas ajenas a la Entidad”, se lee en la respuesta, citada por Semana.
La institución subrayó nuevamente que, pese a las condenas judiciales que involucraron a policías de la seguridad presidencial, no tiene pruebas que acrediten su realización frente a Meza y Perea.
El escrito enfatizó que se trata de “asuntos personales” de Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, y precisó que hechos como la eventual contratación de servicios domésticos en su residencia privada no corresponden a la órbita ni a las responsabilidades de la entidad. La respuesta remarcó la desvinculación entre la función oficial de Sarabia y los hechos alegados.
“No nos consta. Si bien la señora Laura Camila Sarabia Torres fue funcionaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, sus asuntos personales, como la eventual contratación de servicios domésticos en su vivienda privada, son ajenos a las competencias y responsabilidades de esta entidad”, según cita el documento el medio mencionado.
Por su parte, tanto la Fiscalía como la Policía respondieron en términos similares, reiterando la falta de implicación institucional en los hechos.
En particular, la Fiscalía afirmó que los hechos denunciados no configuran un “daño antijurídico”.

Estas respuestas han generado inquietudes entre las víctimas sobre el reconocimiento estatal en relación con interceptaciones que derivaron en condenas para miembros de la fuerza pública.
La postura central de la Presidencia de Colombia insiste en que los hechos alegados corresponden únicamente a la esfera privada de la entonces funcionaria, sin que puedan atribuirse a la institución ni generar una responsabilidad oficial directa.
La Fiscalía aparta al fiscal Arias Duque del caso contra Laura Sarabia
La Fiscalía General de la Nación apartó al fiscal Juan Carlos Arias Duque de la investigación que se adelanta contra la embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, por el caso de la presunta prueba de polígrafo ilegal aplicada a Marelbys Meza.
La medida responde a un conflicto de intereses declarado por el propio fiscal, quien mantiene desde hace más de 25 años una “amistad cercana e íntima” con el abogado defensor de Sarabia, José Fernando Reyes Cuartas.
El retiro de Arias Duque, quien lideraba la Fiscalía 02 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, se fundamenta en la existencia de vínculos personales, profesionales y académicos con el representante legal de Sarabia, lo que excede el ámbito profesional y podría afectar la objetividad del proceso.

De acuerdo con el pronunciamiento remitido a la fiscal general, el funcionario expresó que debía apartarse “con el propósito de salvaguardar la independencia, objetividad, imparcialidad y transparencia en la administración de justicia”.
El proceso investiga a Laura Sarabia por el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, tras la denuncia presentada por su exniñera Marelbys Meza.
Según la denuncia, Meza habría sido objeto de “actos arbitrarios y tratos humillantes” durante la realización de una prueba de polígrafo en la Jefatura de Protección Presidencial, cerca del Palacio de Nariño, entre el 29 y el 30 de enero de 2023.
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