La Unión Europea podría rechazar solicitudes de asilo de los colombianos solo por su nacionalidad: en qué consiste la nueva medida

Con 408 votos a favor, el Parlamento Europeo aprobó una norma que abre la puerta para que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) expulsen solicitantes de asilo hacia países clasificados como “países seguros”, sin importar su nacionalidad ni vínculo previo.

En dicho listado, Colombia figura entre estos países, junto a Bangladesh, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez, lo que podría transformar profundamente los procesos migratorios y de asilo en Europa al acelerar las expulsiones y reducir la admisibilidad de muchas solicitudes.

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Según la normativa, los cambios redefinen en profundidad el concepto de “tercer país seguro”. Por primera vez, se elimina la necesidad de que exista una conexión previa entre el solicitante y el país adonde eventualmente sería enviado.

Esto incluye la posibilidad de rechazo automático de una solicitud de asilo si el migrante ha transitado por ese país, si ha estado previamente allí, si tiene algún vínculo cultural o familiar, o si existe un acuerdo bilateral, multilateral o europeo que lo permita.

Si el solicitante considera que enfrentaría persecución o daño grave en ese lugar, será su responsabilidad presentar las pruebas ante las autoridades, según lo estipulado en la norma avalada por los eurodiputados.

En el documento oficial, las autoridades europeas enfatizaron que “no hay, en general, persecución en el país dentro del significado del Artículo 9 del Reglamento (UE) 2024/1347”.

“Según la información de la Agencia de Asilo, ningún Estado miembro designa actualmente a Colombia como país de origen seguro a nivel nacional, y la tasa de reconocimiento a nivel de la Unión para los solicitantes colombianos fue del 5 % en 2024”, se lee en la normativa.

Además, la Unión Europea afirmó que “no hay indicios de expulsión, deportación o extradición generalizada de ciudadanos colombianos a países donde exista el riesgo de que sean sometidos a la pena de muerte, tortura, persecución u otros tratos inhumanos o degradantes”.

En este sentido, Colombia no enfrenta situaciones que puedan ser interpretadas como violencia indiscriminada, ya sea dentro de conflictos armados internacionales o internos. Esta interpretación, de acuerdo con la nueva normativa, facilitará que las solicitudes de asilo provenientes de Colombia sean recusadas de forma expedita.

“El país ha ratificado los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. La Constitución de 1991 y la jurisprudencia subsiguiente de la Corte Constitucional establecen sólidas garantías de derechos humanos”, complementaron.

Críticas a la medida

El comisario europeo de Seguridad Interior y Migración, Magnus Brunner, destacó el impacto de la decisión. “El voto del Parlamento otorga a los Estados miembros una mayor flexibilidad en la cooperación con los países socios, alivia la presión sobre nuestros sistemas de asilo y refuerza el control sobre la migración”, indicó el funcionario.

Estas medidas, que aún deben ser formalmente adoptadas por el Consejo en un trámite considerado de forma general como protocolar, han suscitado críticas de importantes actores políticos y sociales.

La eurodiputada Mélissa Camara, representante ecologista por Francia, denunció que constituye “un paso más en la deshumanización de la política migratoria de la Unión Europea” y afirmó que la dignidad de los solicitantes está siendo “pisoteada”.

A su vez, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han expresado su preocupación por la facilidad con la que los estados miembros podrán clasificar a los solicitantes de estos países como personas que no necesitan protección internacional.

“El enfoque hacia los llamados países seguros ha perdido todo equilibrio (...) pone a las personas en riesgo y dificulta considerablemente que los solicitantes de asilo demuestren la persecución”, añadió el diputado Erik Marquardt.

El Parlamento Europeo y el Consejo han fundamentado la normativa en que la inclusión de países en la categoría de “seguros” responde a un análisis sobre la ausencia de amenazas estructurales de violencia o persecución en esos territorios.

La iniciativa se integra a una tendencia europea impulsada por algunos gobiernos, como el de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, quien promovió acuerdos para instalar centros de procesamiento migratorio en Albania, aunque estos planes han encontrado obstáculos jurídicos.

La norma estipula que los menores no acompañados quedan excluidos de este régimen de retorno a terceros países seguros. El texto aprobado deberá pasar por un último trámite en el Consejo para su entrada en vigor.