Esta es la fecha en que se conocerá la imputación de cargos contra Ricardo Roa por culpa de un lujoso apartamento en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación puso el foco sobre Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro 2022-2026, al anunciar un doble llamado para imputación de cargos por presunta violación de topes electorales y tráfico de influencias, en el marco de la compra del apartamento 901, ubicado en el norte de Bogotá.

Detrás de estas acusaciones se encuentra una investigación más amplia: el manejo de fondos de campaña y su relación con la adquisición de un inmueble de lujo, así como posibles irregularidades en la utilización de recursos no justificados.

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Desde diciembre de 2024, el ente acusador ordenó un embargo ejecutivo sobre el apartamento de Roa. Este proceso tuvo nuevos desarrollos en marzo y noviembre de 2025, y en febrero de 2026 la entidad libró un memorial sobre el caso, coincidiendo con un viaje oficial de Roa a Washington como parte de la comitiva presidencial. De forma paralela, la aerolínea Sadi S.A.S. inició un proceso civil por deudas electorales, en el que el apartamento 901 se convirtió en pieza fundamental.

Frente al material probatorio recopilado por las autoridades competentes, acordaron que iniciaran las imputaciones contra el alto funcionario el miércoles 11 de marzo de 2026, a las 8 de la mañana.

Los detalles del caso contra Ricardo Roa

El alcance del caso no se limita a Ricardo Roa. El expolicía Juan Guillermo Mancera, que se desempeñó como jefe de seguridad en el sector petrolero y ahora figura como contratista, aparece como pagador del apartamento bajo investigación. De acuerdo con el proceso que reposa en la Fiscalía, Mancera, a través de la empresa Innova Mercadeo y Logística, realizó cuatro transferencias y dos consignaciones por un total de $1.800.000.000 para la compra del inmueble. Las autoridades rastrean la procedencia de estos fondos y examinan la trazabilidad de sus movimientos, así como las conexiones con contratos previos entre empresas asociadas a Mancera y la petrolera estatal.

Durante el periodo comprendido entre 2021 y enero de 2026, la compañía Plus + Energy S.A.S, también vinculada a Mancera, firmó ocho contratos de compra de productos refinados con Ecopetrol. Entre estos acuerdos resalta uno relacionado con la compraventa de gas, donde la proveedora es NG Energy International Corp., empresa ligada al empresario Serafino Iacono, según la información publicada por el medio citado.

El examen del ente acusador se extiende a eventuales conflictos de interés por contrataciones en Ecopetrol: una sobrina de Mancera y una ejecutiva que trabajó previamente en sus empresas ingresaron a la estatal poco antes o durante las operaciones investigadas. Mario Iguarán, abogado de Mancera, explicó al mismo medio que la contratación de su sobrina respondió a un proceso de selección realizado antes de que Roa asumiera la presidencia de la empresa, rechazando cualquier injerencia en los contratos bajo revisión.

Por su parte, Juan David León, apoderado de Roa, señaló que la presidencia de la petrolera no interviene en los procesos de contratación referidos y sostuvo que cualquier relación contractual de firmas vinculadas a Mancera es previa a la gestión de Roa al frente de Ecopetrol. Enfatizó que la responsabilidad por la adjudicación de posiciones y contratos corresponde únicamente al área de talento humano.

Como parte de la investigación, Ecopetrol entregó a la Fiscalía un disco duro con información confidencial, en colaboración con la firma estadounidense Covington and Burling. Según aseveró El Tiempo, el análisis de estos datos busca aclarar los vínculos financieros entre la adquisición del apartamento y el flujo de recursos en la compañía.

Mientras el caso continúa en los tribunales y en los medios, la defensa de Ricardo Roa remarcó en entrevista con Blu Radio que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial de citación a audiencia de imputación. El equipo legal insiste en la presunción de inocencia y demanda garantías procesales plenas que permitan ejercer el derecho de defensa y refutar las imputaciones.