Gobernación de Antioquia pidió a Gustavo Petro repetir bombardeos contra grupos armados en el departamento

Luego del contundente golpe de las Fuerzas Militares a miembros del ELN y el frente 33 en la región del Catatumbo, desde la Gobiernación de Antioquia le hicieron una dura petición al presidente Gustavo Petro.

Y es que la presencia de grupos armados ilegales en Antioquia ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años, según datos de la Gobernación. Este aumento, que las autoridades cifran en un 70% para las disidencias y más de 60% para el Clan del Golfo, ha generado preocupación por la seguridad en el departamento.

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Ante las críticas cifras, la administración departamental solicitó al Gobierno nacional que implemente bombardeos aéreos contra el ELN y el frente 36 de las disidencias de las Farc, replicando la estrategia empleada recientemente en la región del Catatumbo.

En palabras del secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, la petición busca que la estrategia militar se despliegue por todo el departamento antioqueño, ante los efectivos resultados que ha dejado en las últimas jornadas.

“Nunca hemos visto un bombardeo contra las Farc o contra el ELN. Entonces, la invitación al gobierno es que, ya que reanudó esta estrategia tan efectiva, pues que vuelque los ojos Antioquia“, señaló el funcionario.

Hasta la fecha, los bombardeos en Antioquia han estado dirigidos exclusivamente al Clan del Golfo. Las autoridades consideran que es necesario ampliar el alcance de estos operativos para impactar también a otros grupos con fuerte presencia en la región, como el ELN y las disidencias identificadas bajo el alias de Calarcá.

La operación en Catatumbo, que combinó ataques aéreos con acciones terrestres, fue presentada por las fuerzas militares como un ejemplo de eficacia contra estructuras criminales.

Por este motivo, la Gobernación de Antioquia insiste en que la aplicación de tácticas similares pondría a la delincuencia “contra la espada y la pared” y reforzaría el control estatal en zonas críticas.

La solicitud oficial aún espera una respuesta del Gobierno nacional, mientras la administración departamental asegura estar lista para coordinar los preparativos necesarios en caso de recibir luz verde para nuevos operativos militares.

Medicina Legal confirmó muerte de menor de edad tras bombardeo al ELN en el Catatumbo

Siete presuntos combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), incluidos tres mujeres y un menor de edad, murieron en operaciones militares en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, tras bombardeos realizados el 4 de febrero por el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea bajo instrucción del presidente Gustavo Petro.

El Instituto Nacional de Medicina Legal informó que cinco de los cuerpos ya fueron identificados y entregados a sus familiares, mientras que continúa la identificación de los dos restantes.

Asimismo, la institución precisó que uno de los fallecidos era un menor de edad, en medio de fuertes críticas al Gobierno nacional por el incremento del reclutamiento infantil en los grupos armados.

En la ejecución de estas operaciones, las fuerzas armadas decomisaron armamento de diverso tipo, municiones y artefactos explosivos, además de destruir drones y vehículos aéreos no tripulados utilizados por los grupos armados.

Según el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares, el objetivo de la ofensiva es consolidar el control territorial en una zona disputada por el ELN y la Estructura 33 del GAOr.

El presidente Gustavo Petro también destacó en su cuenta de X que este fue el bombardeo número 14 realizado durante su gobierno con la intención explícita de minimizar la muerte de menores de edad en tales acciones.

Pese a ello, la dimensión humanitaria del operativo ha estado bajo revisión pública, con antecedentes de víctimas infantiles en operativos similares. La congresista Catherine Juvinao señaló que 64 niños, niñas y adolescentes han muerto en ataques de este tipo bajo diferentes administraciones, lo que refleja el problema crónico del reclutamiento forzado de menores.

Petro hizo un llamado a la población campesina para avanzar hacia la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y pidió la cooperación de la Iglesia católica y la creación de una misión internacional de verificación, orientada a la entrega de infraestructuras utilizadas para el narcotráfico y la “desnarcotización” de la frontera entre Colombia y Venezuela.