La familia de un joven colombiano condenado a 15 años de prisión en Venezuela denunció haber sido víctima de una presunta extorsión por parte de funcionarios judiciales y policiales, quienes les habrían exigido miles de dólares a cambio de su liberación.
El caso, conocido a través de testimonios entregados al diario El Tiempo, vuelve a poner en el centro del debate los abusos dentro del sistema de justicia venezolano y la vulnerabilidad de los extranjeros detenidos en ese país.
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El joven, cuya identidad se mantiene en reserva, viajó a Venezuela el 4 de julio de 2023 motivado por el deseo de reencontrarse con su hija y convencer a la madre de la menor de regresar a Colombia.
Sin embargo, su estadía terminó abruptamente el 6 de septiembre de 2023, cuando fue detenido cerca de su lugar de hospedaje por agentes de la División Contra Drogas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Según relató su madre, Mónica Reyes, durante el procedimiento los uniformados hallaron 20 gramos de tusi —conocida como “cocaína rosa”— y trasladaron al joven a una estación policial. Allí, de acuerdo con la denuncia familiar, los agentes le habrían sugerido que podía recuperar su libertad a cambio del pago de 10.000 dólares. Al no contar con el dinero, el joven habría sido víctima de maltratos físicos y amenazas, hechos que la familia calificó como tortura.
La situación se agravó días después, cuando la familia recibió una nueva propuesta para lograr la liberación del joven.
De acuerdo con el relato de sus hermanos, Maicol y Tatiana Díaz Reyes, la expareja sentimental del detenido —residente en Venezuela— les informó que funcionarios del sistema judicial exigían 3.000 dólares para dejarlo en libertad. La supuesta negociación incluía la participación de un alguacil, el fiscal del caso y el juez, y contemplaba el pago del 50 % antes del juicio y el resto el día de la audiencia.
La familia aseguró que logró reunir el dinero y realizó las transferencias en dos partes, siguiendo las instrucciones de los intermediarios. Incluso, afirmaron haber recibido una notificación de que el joven sería liberado y que ya se había firmado una boleta de salida.
Sin embargo, la excarcelación nunca se concretó. Según su versión, funcionarios judiciales señalaron que el documento debía ser “revisado” y, posteriormente, les informaron que el joven había sido condenado por tráfico ilícito de estupefacientes.
El fallo fue emitido el 30 de abril de 2024 por el Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, que impuso una pena de 15 años de prisión. La familia calificó lo ocurrido como una estafa y denunció el impacto emocional que supuso conocer la condena tras haber pagado el dinero exigido.
Los reclamos de las familias
Familiares de colombianos detenidos en cárceles de Venezuela reclaman, en la zona de frontera, la inclusión en la lista de amnistía para que sus seres queridos sean liberados. La representante de los familiares, Nubia Mise, insistió en que el gobierno colombiano debe negociar con Venezuela para asegurar el regreso de los reclusos.
En su declaración, Mise expresó preocupación porque algunos de los detenidos, muchos de ellos de edad avanzada, presentan quebrantos de salud agravados por la falta de comunicación: “A ellos no les permiten llamadas, no se pueden comunicar de ninguna índole, entonces es muy desesperante porque tú no sabes cómo están. Se sabe que algunos tienen quebrantos de salud por la edad, hay personas de edad avanzada”.
Las familias, que llevan cuatro meses sin información sobre los detenidos, temen que sean excluidos de la amnistía internacional por un cambio en los cargos judiciales. “Lo único que estamos pidiendo es que no los dejen fuera de la lista de amnistía internacional, que no les lleguen a cambiar sus cargos por quererlos dejar por fuera de la lista de amnistía”, puntualizó Mise a Caracol Radio.
Algunos de estos colombianos han pasado más de dos años en prisión y –según sus familiares– enfrentan acusaciones como terrorismo y conspiración, calificadas por los allegados como cargos “inventados e imputados”.
Los familiares solicitan al presidente Gustavo Petro que aborde el tema en cualquier diálogo con Donald Trump para agilizar la liberación de los afectados. “Que esta semana, si Dios lo quiere y lo permite, puedan regresar a casa”, concluyó Mise.
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