La Gobernación de Antioquia y la Policía Nacional anunciaron un renovado cartel con los 27 delincuentes más buscados por homicidio en el departamento, en una ofensiva coordinada que combina inteligencia, recompensas económicas y participación ciudadana para reducir la violencia.
La medida busca que la ciudadanía colabore de manera activa en la captura de quienes, en libertad, continúan cometiendo los delitos más graves.
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El Secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez Guzmán, explicó que los individuos incluidos en la lista tienen órdenes de captura por homicidio, homicidio agravado, feminicidio, tortura, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.
La mayoría tiene presencia en regiones como Bajo Cauca, Nordeste, Suroeste, Oriente y Norte, lo que demanda operaciones simultáneas en distintos frentes.
“De estas personas, por las cuales estamos ofreciendo una recompensa de hasta cincuenta millones de pesos por información que nos permita su captura, ya en las últimas horas, fueron capturados dos de ellos, y tenemos uno que anoche fue asesinado en el municipio de Andes, en el corregimiento de Santa Inés”, indicó Martínez Guzmán.
Entre los primeros resultados tras la publicación del cartel se destacan: la detención de Fabián de Jesús Martínez, alias Mateo, y Leonardo Pérez, alias Chiquito, en el Bajo Cauca, gracias a labores de inteligencia y a datos proporcionados por ciudadanos.
Además, se confirmó la muerte violenta de alias Machita, de 35 años, en el corregimiento de Santa Inés, municipio de Andes. Según el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en Antioquia, Machita tenía antecedentes por homicidio y formaba parte del grupo de los más buscados.
Gran parte de los nombres están vinculados al Clan del Golfo, mientras que algunos actúan de manera independiente. “Están por todas las subregiones del departamento y la mayoría hace parte de la organización del Clan del Golfo. Algunos, cerca de dos o tres sujetos, son independientes, pero todos tienen antecedentes por homicidio, tortura o concierto para delinquir”, explicó el coronel Muñoz.
El incentivo económico también juega un papel central. La estrategia contempla recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los prófugos.
Según Martínez Guzmán, el comité de recompensas aprobó recientemente el pago de aproximadamente 1.600 millones de pesos por datos que permitieron arrestos o neutralización de delincuentes en el departamento.
La iniciativa busca que la ciudadanía se involucre activamente. “Informar paga”, subraya la Gobernación. La respuesta ha comenzado a ser visible, como lo demuestran los arrestos recientes y la participación directa de los ciudadanos en la localización de los fugitivos.
La colaboración comunitaria se perfila como un factor determinante para la reducción de homicidios y la protección de la seguridad en Antioquia.
El cartel de los más buscados por crimenes contra niños y mujeres
El inicio del año también ha puesto en evidencia la urgencia de atender la violencia de género. El cartel actualizado revela que seis agresores de niñas y mujeres permanecen prófugos desde 2024, prolongando la sensación de inseguridad y aumentando la presión social para lograr su captura.
A pesar de algunos avances, como la detención de uno de los señalados y la entrega voluntaria de otro, la permanencia de estos individuos mantiene en alerta a las comunidades afectadas.
El listado incluye 18 individuos vinculados a delitos graves contra mujeres y niñas, con hechos registrados en municipios como Apartadó, Arboletes, Betania, San Carlos, Carepa, El Bagre, Santo Domingo, Turbo, Zaragoza, San Juan de Urabá, San Vicente Ferrer, San Rafael, El Retiro, Granada e Ituango.
Entre los prófugos más notorios se encuentran Jorge Iván Mestra Henao, Abel Antonio Liconia González, Cristian Arley Hoyos Sánchez, Argiro Domicó Domicó y Luis Aristóbulo Hoyos Salazar, quienes permanecen en la mira de las autoridades y de la opinión pública. Diego Alejandro Pérez Ramírez fue capturado gracias a la publicación del cartel.
Según el informe oficial, las conductas atribuidas a los sospechosos abarcan una diversidad de delitos: siete enfrentan procesos por acceso carnal abusivo y violento, seis por feminicidio, tres por actos sexuales con menores de 14 años, uno por acto sexual violento agravado y otro por violencia intrafamiliar.
Este abanico evidencia la urgencia de intensificar los operativos para frenar el daño sistemático a los derechos de niñas y mujeres en la región.
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