La publicación de un video por parte de la candidata presidencial Victoria Dávila abrió un nuevo debate sobre la posible financiación irregular de campañas en Colombia y la persistencia de la impunidad.
Dávila denunció que existen presuntas pruebas de aportes de dineros ilícitos a la campaña de Gustavo Petro, lo que nuevamente cuestiona la transparencia en los procesos electorales y pone de manifiesto el descontento social frente a casos no esclarecidos, como los de Odebrecht o el Cartel de Cali.
En el material divulgado el 3 de febrero de 2026, Andrés Felipe Marín, mejor conocido como alias Pipe Tuluá, expone cómo la banda criminal La Inmaculada realizó pagos al hermano del jefe de Estado, Juan Fernando, para que esos recursos terminaran favoreciendo la campaña presidencial. Según Dávila, el líder delincuencial sostiene que posee videos, audios y consignaciones que respaldarían sus afirmaciones sobre transferencias de dinero no solo para la campaña electoral sino para diversos fines.
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La periodista afirmó en entrevista para La FM que recibió el audio de una persona “del círculo más cercano de alias Pipe Tuluá”, que le entregó la grabación siguiendo instrucciones directas del propio Marín.
Según la información, “compró a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y a través de él se envió dinero para la campaña presidencial y para asuntos relacionados con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Lo crítico es que asegura tener videos, audios y consignaciones que entregará a la justicia estadounidense. Es grave porque los colombianos están hartos de la impunidad en casos de financiación con ‘plata sucia’, como ocurrió con Odebrecht o el Cartel de Cali”, relató.
En su diagnóstico, Dávila criticó las prácticas de la campaña de Petro, mencionando irregularidades con donantes como Euclides Torres, así como los episodios de las grabaciones del ministro del Interior, Armando Benedetti y los dineros recibidos por Nicolás Petro. “Además, la fiscal Luz Adriana Camargo parece haber ‘hecho la loca’ por ser la fiscal de Petro”, comentó la candidata, remarcando dudas sobre la autonomía de la justicia.
A propósito del llamado “Pacto de la Picota”, la candidata presidencial rememoró que el primer mandatario negó en reiteradas ocasiones los supuestos acuerdos de Juan Fernando Petro con privados de la libertad.
A juicio de Dávila, la extradición de personajes clave no exime a las autoridades colombianas de investigar posibles delitos de financiación ilícita y recordó los antecedentes del proceso 8.000, cuando, a pesar de la captura de integrantes del Cartel de Cali, el presidente Ernesto Samper habría sido favorecido por sus recursos. Insistió en que no se trata de una acción de revancha contra la Presidencia, sino de la necesidad de investigar estos hechos.
Incluso, hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que investigue lo más pronto posible los audios que publicó entre alias Pipe Tuluá y el hermano del presidente Petro.
En diálogo con el medio citado, también cuestionó la actual campaña de Iván Cepeda, candidato a la Presidencia de la República por el Pacto Histórico, señalando que existen inconsistencias en las cuentas de la consulta de octubre de 2025.
“Tenemos derecho a dudar, porque se ha reportado que las cuentas de la campaña de la consulta de octubre de Iván Cepeda no cuadran y él no ha dado explicaciones”, declaró.
Dávila desafió públicamente a Cepeda a un debate en el que revele la identidad de los benefactores que financian sus actividades políticas: “Por eso reto a Iván Cepeda a un debate de la verdad para que destape sus cuentas y diga quién lo financia”, manifestó al medio citado.
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