Un juez de tutela ordenó a la Fundación Universitaria San José entregar a la congresista Jennifer Pedraza la información académica de 1.276 funcionarios públicos que obtuvieron títulos en esa institución, tras denuncias sobre presuntas irregularidades en la expedición de títulos universitarios.
La orden responde a una tutela interpuesta después de que la congresista señalara que, al menos, 779 de esos casos presentaban irregularidades atribuibles a la universidad, según inofrmó Jennifer Pedraza representante a la cámara y candida al Senado.
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La denuncia se originó cuando Jennifer Pedraza expuso dudas sobre la otorgación de diplomas, destacando el caso de Juliana Guerrero, quien habría recibido su título sin cumplir requisitos académicos como asistir a clases o presentar la Prueba Saber Pro.
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En noviembre pasado, Pedraza formalizó la solicitud de datos sobre los 1.276 servidores públicos titulados en la Fundación San José, identificando dentro de ese grupo 779 casos con presuntas irregularidades, de acuerdo con cifras aportadas por ambos medios.
Tras recibir el derecho de petición, la Fundación San José rechazó inicialmente la entrega de la información, argumentando que se trataba de “información de naturaleza semiprivada”, resguardada por la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional. La institución subrayó que los datos académicos de los egresados incluyen componentes tanto públicos como semiprivados, y que la entrega solo puede realizarse conforme a los límites legales.
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El juez resolvió la tutela el 28 de enero, disponiendo que la universidad entregue la información en un plazo de 30 días. En este momento, faltan 24 días para cumplir el fallo.
La decisión establece que únicamente deben proporcionarse los datos referidos a quienes actualmente son servidores públicos.
Como respuesta, la Fundación San José confirmó su decisión de acatar el fallo y de informar a cada egresado implicado acerca de las condiciones en que se suministrará su información académica, con la garantía de protección de sus derechos y respeto al debido proceso.
Además, la universidad solicitó formalmente el acompañamiento de la Personería de Bogotá para garantizar la salvaguarda de los derechos tanto de los afectados como de la institución.
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Por su parte, Jennifer Pedraza celebró la resolución judicial en sus redes sociales y subrayó la importancia de acceder a esta clase de datos, por considerarlos de interés público. La congresista manifestó que continuará supervisando el cumplimiento de la orden y el seguimiento institucional del caso.
Durante este proceso, la Personería de Bogotá tendrá la función de vigilar que se cumpla el marco legal respecto a la protección de datos personales, al tiempo que se garantice el acceso a información relevante sobre la idoneidad de los funcionarios estatales implicados, conforme a lo estipulado en el fallo de tutela.
La Fundación San José reiteró que mantendrá informada a la comunidad universitaria y a la opinión pública acerca de los avances, reforzando su compromiso con la responsabilidad y la transparencia institucional.
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Esto es lo que pagan por título académico en el ‘Cartel del Diploma’
El esquema, que funcionaba mediante chats digitales y cadenas de recomendados, permitía acceder a diplomas sin cumplir los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación.
La obtención de títulos en tan solo seis meses, sin necesidad de realizar prácticas, créditos académicos ni presentar las pruebas Saber Pro, forma parte de la modalidad destacada en la denuncia.
Entre los afectados resalta la secretaria privada de la Presidencia, Nelfy Melo Morales, quien defendió que su proceso fue legítimo, y el analista de la Dian, Héctor Julio García Orduz, identificado por recibir cuatro títulos el mismo día bajo el esquema de homologaciones. Además, la exfuncionaria Juliana Guerrero perdió sus diplomas luego de que la universidad admitiera irregularidades y procediera a retirarlos en noviembre de 2025.
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De acuerdo con el abogado Miguel Ángel Ruiz, sus clientes recibieron recomendaciones de conocidos para acogerse a estas homologaciones exprés, lo que permitió acreditar programas completos a cambio de sumas depositadas directamente en cuentas institucionales.
Ruiz aseguró a El Colombiano que “se les prometió obtener títulos en un periodo de seis meses para programas específicos, omitiendo requisitos como las prácticas, los créditos académicos”.
El costo de estos trámites, entre 8 y 20 millones de pesos, se canalizaba como matrículas y derechos de grado, con facturas oficiales expedidas por la universidad. Las investigaciones detectaron que algunos pagos hechos por beneficiarios, como 8 millones de pesos en el caso de Guerrero, se facturaron tras la entrega de títulos, dificultando el rastreo formal del procedimiento.
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