La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) cerró el trámite de las medidas cautelares solicitadas en favor del senador Miguel Uribe Turbay y su familia el 27 de enero de 2026, en medio de la investigación por el asesinato del dirigente político ocurrido tras el atentado del 7 de junio de 2025.
La decisión del organismo internacional generó reacciones públicas y un intercambio de pronunciamientos entre los abogados que representan al presidente Gustavo Petro y a la familia del senador fallecido, lo que trasladó el debate jurídico al escenario de las redes sociales.
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Reacción de Alejandro Carranza y respuesta de Víctor Marín
El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, reaccionó a la determinación de la Cidh a través de su cuenta en X, donde afirmó: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha cerrado el caso y ha negado las medidas cautelares solicitadas por el abogado Víctor Mosquera. Esta decisión internacional marca el fin de una narrativa polarizante que se había presentado ante la Comisión de acusaciones, y la Fiscalía y los medios de comunicación. Con el cierre del caso por parte de la Cidh, se abre un nuevo capítulo en la investigación. Ahora se enfocará en determinar la presunta responsabilidad penal y disciplinaria de quienes injustamente acusaron al presidente Gustavo Petro y al director de la Unidad Nacional de Protección, Ing. Augusto Rodríguez, por el ataque mortal al senador”.
El abogado de la familia del senador, Víctor Mosquera, respondió también en X con un mensaje crítico frente a las afirmaciones de Carranza. En su pronunciamiento expresó: “No sea miserable y tenga el valor de etiquetarme cuando pretenda formular ese tipo de afirmaciones malintencionadas. Asolapado. Las medidas cautelares fueron cerradas por la Cidh luego de que el Estado colombiano demostrara la existencia de investigaciones serias, independientes y adecuadas por parte de la Fiscalía, hecho que hemos reconocido expresamente desde la propia representación de las víctimas igual seguimos atentos a que no tengan desviaciones por presiones políticas"
El juriste señaló que, asimismo, “se acreditó la adopción posterior de medidas de seguridad para la familia, orientadas a mitigar los riesgos existentes, es decir, la protección que debió haberse otorgado desde un inicio. Nosotros mismos informamos el aumento de la seguridad”.
Mosquera añadió que “lamentablemente, Miguel fue víctima de un crimen atroz que cegó su vida y las medidas cautelares perdieron su objeto preventivo. El riesgo se materializó y la situación dejó de ser una amenaza para convertirse en una violación consumada de derechos humanos, atribuible al Estado por omisión en su deber de prevención”, y sostuvo que la Cidh mantiene monitoreo sobre la situación en su dimensión estructural.
En su mensaje también hizo referencia a la continuidad de procesos internos y a la eventual imputación del director de la Unidad Nacional de Protección, señalando que esa circunstancia seguiría siendo jurídicamente relevante dentro de las actuaciones en curso.
Nueva réplica de la defensa del presidente
Posteriormente, Carranza respondió nuevamente en X dirigiéndose a Mosquera: “Doctor Víctor Mosquera, con todo respeto: le pido que mantengamos este intercambio en el terreno de la decencia y el derecho, sin descalificaciones personales. Y una precisión fáctica, para que no se construyan caricaturas: sí lo etiqueté”.
El abogado reiteró que el elemento central del caso es que la Cidh cerró la solicitud y no otorgó las medidas cautelares, y sostuvo que esa determinación no constituye una declaración de responsabilidad internacional ni una imputación contra funcionarios del Estado. En ese sentido, afirmó que las medidas cautelares se rigen por requisitos de gravedad, urgencia y necesidad de evitar un daño irreparable, y que su no otorgamiento responde a la evaluación de esos presupuestos.
Carranza agregó que el monitoreo que pueda ejercer la Cidh no equivale a la apertura de un caso ni modifica la decisión cautelar, y cuestionó que se presente la situación como una conclusión anticipada de responsabilidad estatal. También indicó que, en materia penal, la existencia de imputaciones o responsabilidades depende de actuaciones formalizadas dentro de los procesos judiciales.
En su pronunciamiento concluyó que “no se debe usar la tragedia del asesinato para polarizar o hacer politiquería”, y planteó que el debate jurídico debe centrarse en los estándares procesales y en las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.
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