El futuro del estadio Nemesio Camacho El Campín como epicentro deportivo y cultural de Bogotá se encuentra bajo la lupa pública tras la reciente denuncia del concejal Juan David Quintero, que advirtió sobre el riesgo de que la renovación integral del escenario termine convirtiéndose en un nuevo elefante blanco para la ciudad.
La preocupación del cabildante apunta directamente a la falta de certezas en torno al músculo financiero de Sencia S.A.S., el concesionario a cargo del proyecto, así como a la opacidad sobre los socios que respaldan la millonaria inversión y la verdadera viabilidad del cronograma pactado.
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Quintero cuestionó abiertamente si Sencia realmente cuenta con los recursos y el crédito amarrado necesarios para construir el nuevo estadio o si, por el contrario, solo dispone de la capacidad para operar y facturar explotando el actual Campín.
“La cancha del estadio El Campín se reventó, eso no tiene discusión. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿tiene Sencia la plata y el músculo financiero para construir el nuevo estadio o solo para operar y facturar?”, planteó el concejal, que insistió en que Bogotá no puede conformarse con promesas mientras la infraestructura existente se sobreexplota.
El debate sobre el futuro del estadio se intensificó después de que imágenes del deterioro de la gramilla y reportes sobre posibles enfermedades del campo alimentaran dudas sobre la gestión actual. Para Quintero, el problema rebasa lo deportivo y pone en entredicho la solidez del modelo de Asociación Público-Privada (APP) firmado entre el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) y Sencia S.A.S., el 7 de junio de 2024, bajo el Contrato de Concesión No. 2772.
El acuerdo establece que el privado debe asumir, por su cuenta y riesgo, todas las fases del proyecto, incluyendo estudios, diseños, financiación, construcción, operación y explotación económica, sin recursos públicos involucrados.
El acta de inicio se suscribió el 29 de octubre de 2024 y el plazo total de la concesión se extiende hasta 2053. En julio de 2025, la primera modificación contractual ajustó plazos y permitió que el estadio actual siguiera operando durante la construcción del nuevo, ampliando la capacidad proyectada a 50.000 espectadores. Sin embargo, Quintero cuestionó si este ajuste busca realmente facilitar la obra o solo maximizar la explotación comercial del escenario previo a la entrega de la nueva infraestructura.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia es la falta de transparencia sobre los socios y la estructura financiera detrás de Sencia. Recientemente, se conoció que Corficolombiana adquirió el 51% de la sociedad, pero aún no se ha aclarado si esto representa una inyección real de capital para financiar la obra o simplemente una transacción interna.
“¿Dónde está la evidencia del capital y del crédito amarrado para levantar el nuevo Campín?”, insistió Quintero, que exigió la publicación de actas, cronogramas y reportes serios sobre el avance financiero del proyecto.
La denuncia subraya que durante el último año (enero de 2025 a enero del 2026), El Campín ha generado ingresos contundentes: 19 conciertos, más de 35 millones de dólares en ventas y 329.000 boletas comercializadas. Sin embargo, el concejal advierte que el negocio de explotación comercial está claro y funcionando, mientras que la ejecución de la obra principal aún no tiene garantías tangibles para la ciudadanía. “Bogotá ya ha visto demasiados elefantes blancos como para tragarse otro cuento”, enfatizó.
El cronograma oficial establece que la construcción del nuevo estadio debe iniciar en marzo de 2026 y finalizar en diciembre de 2027, un año antes de lo previsto inicialmente. Durante ese tiempo, el actual estadio seguirá en funcionamiento, garantizando la continuidad del fútbol y demás eventos en Bogotá.
El proyecto, según lo pactado en la APP, mantiene todas las unidades funcionales y busca integrar equipos internacionales de diseño junto a arquitectos e ingenieros colombianos para asegurar que el estadio se adapte a las mejores prácticas internacionales y a las necesidades bogotanas.
Finalmente, Quintero pidió a la administración de Carlos Fernando Galán y al Idrd que entreguen información pública, verificable y actualizada sobre el cierre financiero y los avances reales de la obra, advirtiendo que solo así Bogotá podrá evitar que El Campín se convierta en otro monumento a la ineficiencia y a la falta de control institucional. La ciudadanía y los actores del deporte esperan respuestas claras y transparencia en cada etapa, para que la renovación del máximo escenario deportivo de Bogotá no termine siendo una promesa incumplida.
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