Las autoridades siguen verificnado las causas del fallecimiento de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como alias Gonzalito, señalado como el segundo cabecilla del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).
Según los reportes oficiales y un comunicado elaborado por el grupo armado, este sujeto, que era considerado como la mano derecha de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, máximo líder del Clan del Golfo, falleció tras el volcamiento de una lancha en un accidente fluvial en el municipio de Tierralta, departamento de Córdoba, registrado el viernes 30 de enero, mientras se dirigía a la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para participar en un ciclo de diálogos con el Gobierno nacional.
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Tras la localización del cadaver por parte de comunidades indígenas de la región, el cuerpo fue remitido Medicina Legal en Montería, en la que se le practicaron exámenes para esclarecer las causas exactas del fallecimiento.
Frente a ello, han surgido nuevas dudas sobre la circunstancia de su deceso, luego de que se revelaran fotografías del cuerpo de alias Gonzalito. Según el reporte forense, revelado por El Tiempo, el occiso tendría lesiones visibles en la cabeza y la mandíbula, lo que pondría en duda la hipótesis de un posible ahogamiento.
Además, fuentes cercanas a la entidad señalaron al diario bogotano que se ha dificultado la realización de la necropsia, debido a la permanencia del cuerpo en el agua.
De otro lado, existe otra versión sobre supuestas disputas internas en la organización armada. De acuerdo con información recopilada por Blu Radio, Sánchez pudo haber sido arrojado al afluente hídrico por integrantes del EGC, señalando que había ciertas diferencias entre alias Gonzalito y Chiquito Malo por el proceso de paz con el Gobierno Petro.
Entre tanto, el periodista Jorge Espinosa de Caracol Radio reveló que el cuerpo de ‘Gonzalito’ ya fue entregado a la pareja sentimental del fallecido jefe del grupo armado, en la que adelanta los trámites correspondientes para realizar sus exequias.
Quién era ‘Gonzalito’
El historial delictivo de José Gonzalo Sánchez Sánchez, conocido como ‘Gonzalito’, lo posicionó como figura central dentro del Clan del Golfo, luego de haber integrado las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El Estado colombiano ofrecía una recompensa de $5.000 millones por datos que facilitaran su captura.
En julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia respaldó la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos, debido al rol de ‘Gonzalito’ como segundo al mando en la organización criminal, subordinado a alias Chiquito Malo, y por su participación en envíos de cocaína hacia territorio estadounidense.
Desde finales de 2017, lideró el Bloque Roberto Vargas Gutiérrez dentro del Clan del Golfo, conformado por seis frentes y una comisión, con 1.246 integrantes activos en Córdoba, Antioquia, Sucre y Bolívar, conforme a informes de inteligencia. Sobre él pesaban múltiples órdenes de captura por homicidio, terrorismo, extorsión y tráfico de armas.
Oriundo de Montería (Córdoba), Sánchez Sánchez fue incluido en 2004 en el proceso de desmovilización del Bloque Catatumbo de las AUC.
Tras su fallecimiento, las autoridades también se encuentran en la investigación para determinar su sucesor en el grupo armado.
Según los informes de inteligencia militar y los carteles de búsqueda publicados por la fuerza pública, ntre los nombres que estarían para suceder se encuentran José Elías Cortés Velásquez, alias Chalia, quien ha sido identificado como enlace operativo y financiero relevante para las operaciones de narcotráfico, con una recompensa vigente de 500 millones de pesos.
En el cartel también figura alias Chibolo, identificado como Nedier Alexander Moreno Guisao, buscado por homicidios, persecución a defensores de derechos humanos y la afectación directa a la implementación de los acuerdos de paz en Urabá y Antioquia.
Los nombres de Osneider Ruiz Arroyo y Rober Alexander Martínez Velásquez se destacan en el último tramo de los boletines policiales,siendo considerados piezas clave en la ejecución de crímenes que han puesto en riesgo a líderes sociales y defensores de derechos humanos en regiones como los departamentos del Chocó, Antioquia y Córdoba, respectivamente.
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