En un contexto de anuncios relevantes sobre la economía y la energía de Colombia, el gobierno presentó los datos oficiales de exportaciones para 2025. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que el valor total alcanzó USD 50.199,9 millones, lo que representa un aumento del 1,3% frente a 2024. Este avance, sumado a la redefinición del subsidio al diésel, ha impulsado el debate sobre el rumbo energético y productivo del país.
Las exportaciones no minero energéticas destacaron por un crecimiento del 20% en 2025. Entre los principales sectores, los productos de la construcción crecieron un 28%, las exportaciones de automóviles aumentaron 30%, las preparaciones de belleza subieron 24% y los medicamentos se incrementaron 9%, según cifras del Dane. El conjunto de las manufacturas registró una expansión del 4,8% respecto al año anterior.
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El economista Mario Valencia resaltó que estos resultados reflejan una tendencia positiva hacia la diversificación productiva. “En medio de un escenario global convulsionado, Colombia mantiene y consolida un comercio exterior en la dirección de la transformación productiva. Seguiremos trabajando y apostando por estos sectores”, escribió Valencia en la red social X.
Adiós a los subsidios de diésel
El presidente Gustavo Petro interpretó el crecimiento exportador como resultado de la apuesta por una industria y una energía renovadas. De acuerdo con Petro: “Crecimos las exportaciones en lo que nos interesa, sube la exportación de automóviles, creo que Colombia será potencia exportadora de vehículos eléctricos”.
El mandatario aprovechó para hacer un llamado a los diferentes sectores. “Le solicito a industriales y agricultura dejar de usar el carbón y el diésel, pásense a la energía solar, por favor”.
Además, Petro anunció medidas relacionadas con los subsidios a los combustibles fósiles. “Quitaré subsidios al diésel y el carbón, excepto para transporte de carga”.
Estas declaraciones siguieron a la expedición del Decreto 1428 de 2025 por parte del Ministerio de Minas y Energía, mediante el cual se introduce un nuevo esquema diferencial en el precio del diésel (Acpm) para vehículos de servicio particular, diplomático y oficial. El objetivo de esta medida es corregir distorsiones en el uso de los subsidios y proteger las finanzas públicas.
Destino irregular de los subsidios
Durante años, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) destinó subsidios al consumo de diésel en vehículos que no cumplen una función social esencial, lo que generó una alta carga fiscal para el Estado. Según la nueva normativa, el precio del diésel para esos vehículos se acercará a su valor real. El transporte público de carga y pasajeros queda excluido de la medida, para evitar afectaciones en el costo de los alimentos, el transporte y el bienestar de los hogares.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, recalcó la intención social del cambio regulatorio. “El subsidio a los combustibles debe estar donde cumple una función social. Proteger al transporte público es proteger el empleo, la producción y el costo de vida de millones de familias”, afirmó.
El proceso de ajuste será gradual y focalizado, comenzando en las principales ciudades y áreas metropolitanas. Esta aplicación escalonada busca asegurar un monitoreo efectivo del impacto, antes de ampliar la medida a nivel nacional.
Palma dejó claro que la disposición no constituye un aumento generalizado del precio del combustible, sino una corrección orientada a mayor justicia y sostenibilidad fiscal. “No estamos tocando el diésel del transporte público. Estamos corrigiendo un subsidio que no era justo ni sostenible, para cuidar los recursos del Estado y destinarlos donde más se necesitan”.
Qué dicen los gremios del sector
Por su parte, la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos (Comce) y la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo), orientaron su posición sobre el Decreto 1428 de 2025 a través de un comunicado.
Ambos gremios resaltaron su compromiso con la legalidad y la prestación continua y segura del servicio público de distribución de combustibles.
Además, precisaron que no fijan precios ni establecen subsidios, ya que su operación está regulada y sujeta a las condiciones estipuladas por el Gobierno. “No somos beneficiarios de subsidios ni tenemos injerencia en la estructura del precio final de los combustibles”, aseguró David Jiménez Mejía, vocero del sector.
Las organizaciones expresaron la necesidad de que la focalización del subsidio se aplique de forma clara, oportuna y técnicamente viable. Pidieron que la reglamentación subsiguiente evite confusiones, minimice riesgos operativos y establezca condiciones uniformes en los diferentes municipios, para no distorsionar la competencia ni afectar la venta de combustibles.
De qué depende el éxito del sistema
También remarcaron la importancia de la coordinación institucional y de una amplia socialización de la medida. Consideran que el éxito del esquema depende de mecanismos de control, sistemas de identificación vehicular y procesos de fiscalización que no representen cargas excesivas para las estaciones de servicio ni generen tensiones con los consumidores.
En su cierre, representantes del sector enfatizaron la urgencia de que todo cambio preserve la viabilidad y continuidad del servicio de distribución de combustibles a largo plazo, como garantía para el abastecimiento y la seguridad del país.
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