El Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato que exige a distintas autoridades informar sobre las acciones adoptadas ante los reclamos por olores ofensivos y ruido generados por la granja Avinal.
La decisión responde a una acción popular respaldada por el Consejo de Estado y presentada por alrededor de 40 familias de la parcelación Sierras de la Macarena, que afirman que su salud y calidad de vida se han visto comprometidas.
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El conflicto se ha prolongado durante cinco años. Los habitantes han presentado al menos 190 quejas por molestias ocasionadas por la empresa avícola, lo que ha impulsado la intervención de autoridades como la Alcaldía de El Carmen de Viboral y Cornare, además de la participación de personerías de Marinilla y Rionegro.
La situación no solo afecta a un grupo residencial concreto. El abogado Jhon Fredy Osorio Pemberty, representante de la comunidad, explicó a Blu Radio que la acción popular pasó al Consejo de Estado tras ser desestimada inicialmente en el Tribunal Administrativo de Antioquia. Añadió que el 26 de septiembre de 2024 se ordenó la adopción de medidas para mitigar el impacto ambiental.
Osorio Pemberty recalcó que no se ha solicitado la salida de la granja del sector, sino la posibilidad de convivir con los residentes, siempre que se revisen las inversiones y se garantice la protección ambiental exigida por el estado social de derecho.
El abogado también indicó que los efectos de la actividad avícola alcanzan a otras unidades residenciales de Marinilla y Rionegro, lo que amplía el alcance del caso.
Con la apertura del incidente, el Tribunal evaluará si las entidades han cumplido con las órdenes impartidas por el Consejo de Estado, especialmente respecto al control de olores y del nivel de ruido. Las autoridades involucradas deben presentar pruebas y explicaciones en un plazo determinado. Si se confirma el desacato, podrían imponerse multas o arrestos personales, de acuerdo con la ley, informó Blu Radio.
En caso de no cumplir con los requerimientos, la decisión pasará a consulta del Consejo de Estado, que definirá la legalidad de la medida.
El alcalde de El Carmen de Viboral, Hugo Jiménez, y el director de Cornare, Javier Valencia, han sido citados para explicar formalmente las actuaciones oficiales. Sin embargo, hasta ahora no se han pronunciado, ya que la notificación es reciente.
Los representantes de la comunidad subrayan que el proceso legal no exige el cierre de la empresa, sino que busca una convivencia equilibrada. “Durante años se intentó impulsar una acción popular, pero no hubo acompañamiento suficiente ni decisión efectiva para concretarla. Este proceso ha involucrado a varias personerías porque incluye distintos municipios”, señaló Osorio Pemberty al medio mencionado.
El proceso permanece vigente ante la justicia, mientras se exige claridad sobre las iniciativas emprendidas tanto por las autoridades como por la empresa. El caso plantea la necesidad de compatibilizar la producción agroindustrial con los derechos colectivos a la salud y el bienestar ambiental.
El litigio sigue abierto y refleja el reto de armonizar la actividad empresarial con la vida comunitaria bajo condiciones adecuadas de salubridad y respeto ambiental.
El Tribunal Administrativo de Antioquia ordena diseñar plan de pago para saldar deuda hospitalaria
El Tribunal Administrativo de Antioquia dispuso que el Ministerio de Salud, junto a la Nueva EPS, Savia Salud, el Ministerio de Hacienda y otras entidades, deben diseñar en diez días un cronograma de pago para saldar una deuda de $278.524.279.037 con la red hospitalaria de Rionegro y el oriente de Antioquia.
La obligación, dada a conocer el 15 de enero de 2026, incluye la presentación de un informe detallado sobre las gestiones para mitigar el riesgo sobre el derecho a la salud de la zona, y la deuda abarca tanto instituciones públicas como privadas, entre ellas el Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro y la Clínica Somer.
El fallo ocurre en respuesta a la gravedad de la crisis sanitaria regional y a la “omisión por parte de las entidades accionadas relativo al giro de recurso a la red hospitalaria del municipio de Rionegro, Antioquia”, según el personero Jorge Luis Restrepo Gómez en declaraciones para Semana.
El funcionario destacó que la mora de las empresas promotoras de salud compromete la atención de habitantes de Rionegro y otros 22 municipios que dependen de esa infraestructura. Restrepo Gómez subrayó el incremento de tutelas relacionadas con la protección del derecho a la salud, que, de 1.000 en 2023, pasaron a 2.600 en 2025.
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