La Misión de Observación Electoral (MOE) presentará el miércoles 4 de febrero el mapa de riesgos electorales para los comicios de 2026, una herramienta que busca identificar y advertir sobre factores que podrían afectar la transparencia y la participación en el proceso democrático.
Así lo anunció Alejandra Barrios, directora de la MOE, en una entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez, espacio en el que hizo énfasis en la urgencia de reconocer amenazas como la violencia, la desinformación y la financiación ilegal.
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“Todavía estamos a tiempo para mitigar riesgos”, afirmó Barrios, que detalló que la iniciativa permitirá a las autoridades, la sociedad y los medios de comunicación conocer cuáles municipios y regiones requieren atención especial. Según explicó, el análisis incluye tanto factores directos como indirectos que podrían incidir en las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
Violencia y desplazamiento, focos de preocupación
De acuerdo con la MOE, regiones como el Pacífico, y particularmente los departamentos de Cauca y Arauca, mantienen altos niveles de violencia que podrían comprometer la seguridad de los votantes y la viabilidad del proceso electoral. Barrios subrayó que en el departamento del Cauca, tras los comicios locales de 2023, no se ha logrado reducir el enfrentamiento entre grupos armados ilegales.
Durante 2025, se registró un incremento en los episodios de violencia y desplazamientos forzados atribuidos a los combates entre el ELN y el Frente 33, situación que, según Barrios, afecta procesos fundamentales como la inscripción de cédulas y limita la participación ciudadana.
“Estos hechos tienen un impacto directo sobre el ejercicio democrático y ponen en riesgo la integridad del voto”, puntualizó la directora.
Compra de votos y financiación ilegal, retos persistentes
La observación electoral también detectó señales de alerta en torno a la compra de votos y la financiación ilegal de campañas. Barrios resaltó la importancia de garantizar condiciones para que todos los candidatos, sin distinción de tendencia política, puedan hacer campaña sin presiones ni irregularidades.
“Tenemos que estar vigilantes a la posibilidad de que todos los candidatos puedan recorrer el país para presentar sus propuestas”, sostuvo en el diálogo con el periodista.
Uno de los retos que persiste, según la directora, es el seguimiento a la financiación de las campañas. Las dificultades para reportar gastos e ingresos en tiempo real dificultan la labor de control y aumentan los riesgos de prácticas ilegales.
“La posibilidad de hacer seguimiento frente a la financiación de las campañas políticas sigue siendo uno de los mayores desafíos”, advirtió Barrios.
Desinformación y manipulación en redes sociales
La desinformación se consolidó como un factor que puede distorsionar la percepción pública y minar la confianza en el sistema electoral. Barrios alertó sobre el impacto que tienen las noticias falsas y los mensajes engañosos, especialmente a través de plataformas como WhatsApp.
De acuerdo con la directora de la MOE, la propagación de información incorrecta “ha generado y sigue generando dudas sobre los resultados, el proceso electoral y la capacidad del sistema de responder”.
En este contexto, la MOE identificó que muchas de las campañas de desinformación se centran en confundir sobre la forma de votar en consultas y elecciones. “Todo el tema de la desinformación requiere una vigilancia permanente”, afirmó la funcionaria, insistiendo en la necesidad de que las instituciones y la ciudadanía fortalezcan sus capacidades para identificar y contrarrestar estos riesgos.
Comparación con elecciones anteriores y tendencias preocupantes
Consultada sobre las diferencias entre los riesgos actuales y los observados en procesos anteriores, Barrios sostuvo que “metodológicamente, comparar elecciones es un error”, ya que cada contexto presenta particularidades propias.
No obstante, la directora de la MOE reveló que desde 2022 se observa un incremento sostenido de la violencia política y de los ataques contra líderes sociales y políticos.
El 4 de febrero, la MOE pondrá a disposición de las autoridades y la opinión pública el mapa de riesgos electorales 2026, con el objetivo de ofrecer insumos que permitan adoptar acciones preventivas y garantizar el ejercicio democrático en Colombia.
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