Bloque Resistencia Caribe sería el grupo criminal responsable del ataque con explosivos a la cárcel distrital El Bosque de Barranquilla

Una explosión alarmó a residentes y visitantes la tarde del lunes, 2 de febrero, cerca de la cárcel Distrital El Bosque en el sur de Barranquilla.

Dos individuos en motocicleta lanzaron una granada en el área de parqueaderos y huyeron del lugar, lo que generó pánico y agudizó la tensión en la zona.

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Las autoridades judiciales y la Policía Metropolitana de Barranquilla investigan el hecho. La principal hipótesis vincula el ataque con la banda criminal Los Costeños, conocida también como Bloque Resistencia Caribe y encabezada por Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor.

Semana indicó que la investigación se centra en el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad para identificar a los autores de la huida.

La disputa entre Los Costeños y Los Pepes, agrupación liderada por Digno Palomino, es el trasfondo de esta nueva oleada de violencia.

La llegada reciente de miembros de Los Pepes a la cárcel El Bosque avivó la rivalidad, ya que, tradicionalmente, Los Pepes permanecen en La Modelo y Los Costeños en El Bosque. Esta pugna interna por el control carcelario ha propiciado episodios violentos consecutivos.

La víspera del atentado, el domingo 1 de febrero, se produjo otro ataque en el sector. Hombres armados en motocicleta dispararon contra las personas que acudían a visitar a internos, entre ellos varios menores de edad. Después de ese hecho, la Policía reforzó los controles en la zona para evitar nuevos actos violentos, aunque los esfuerzos no lograron impedir el ataque explosivo del día siguiente.

Un panfleto con la firma de Los Costeños circuló en redes sociales tras la explosión, lo que refuerza la hipótesis policial en torno a la autoría del atentado. Sin embargo, las autoridades aún no han expresado una confirmación oficial.

La investigación se mantiene activa bajo la supervisión de la Policía local y de entidades como el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y la Alcaldía de Barranquilla.

El reciente incremento de violencia en el sur de Barranquilla ha generado preocupación en la comunidad. Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana, recordando que la línea de emergencia 123 está habilitada las 24 horas para recibir información confidencial y así prevenir nuevos hechos violentos en la ciudad y su área metropolitana.

El presidente Petro ordena suspender traslado de criminales a cárcel de Barranquilla

El presidente Gustavo Petro anunció, el 16 de enero del 2026, la suspensión del traslado de criminales vinculados a las bandas Los Costeños y Los Pepes hacia la penitenciaría El Bosque en Barranquilla, argumentando que esta decisión responde a la necesidad de proteger a la ciudadanía y no pone en riesgo los diálogos de paz impulsados por el Gobierno nacional.

La orden de detener el operativo, que incluía el movimiento de 45 miembros de Los Costeños y 7 de Los Pepes, entre ellos sus líderes, fue entregada apenas 24 horas antes de la fecha reprogramada, lo que alteró toda la logística prevista. El traslado tenía como objetivo avanzar en el proceso de desarme de más de 4.000 integrantes de bandas tras el cese al fuego acordado en septiembre de 2025.

Petro indicó en su cuenta de X que el proceso de diálogo y represión ha permitido una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla, pero advirtió: “El proceso debe avanzar y decisiones de los jefes de estas bandas detenidos ponen en peligro la tranquilidad ciudadana“. Además, sostuvo que la mediación seguirá a cargo del padre Cirilo, a quien describió como un referente por su labor solidaria.

El mandatario respondió a las críticas del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien manifestó su preocupación por la llegada de más de 40 delincuentes —incluyendo a alias Digno, Castor y el Negro Ober— a cárceles que, según él, no cumplen con las mínimas condiciones de seguridad. Char afirmó: “Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘paz urbana’ que no tiene ni marco jurídico que lo respalde“.