El municipio de Coromoro, Santander, enfrenta conmoción tras el hallazgo del cuerpo de Rubiel Cáceres Marín, reconocido ganadero de 53 años, en la vereda El Guadual.
Las autoridades investigan la posible responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el secuestro y asesinato, en un hecho que generó alarma por la creciente violencia en el sur del departamento.
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Según confirmó la Gobernación, permanece activa una recompensa de $50 millones para quienes aporten información que permita identificar y capturar a los autores del homicidio.
El crimen ocurrió dos días después de que la familia del ganadero denunciara su desaparición. De acuerdo con las declaraciones del secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, el 30 de enero, hacia las 2:00 p. m., Cáceres Marín transitaba en motocicleta por la vía rural entre La Zúñiga y La Mina, acompañado de un familiar con discapacidad auditiva.
Hombres armados interceptaron a ambos, liberaron al acompañante y se llevaron al ganadero. La noticia fue reportada inicialmente por la familia y confirmada por las autoridades.
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Operativo inmediato y enfrentamiento armado
Al conocerse el secuestro, la Policía Nacional y el Ejército desplegaron operativos en la zona. Durante la tarde del viernes, una patrulla identificó a tres sujetos movilizándose en motocicletas, uno de ellos a bordo del vehículo robado a Cáceres Marín. Los uniformados intentaron interceptarlos y los sospechosos respondieron con disparos antes de huir hacia un sector boscoso, abandonando las motocicletas.
La búsqueda se extendió durante el fin de semana, con la participación de unidades del Gaula y el apoyo de la comunidad rural. Entre las 6:00 y las 7:00 a. m. del domingo 1 de febrero, campesinos encontraron el cuerpo de Cáceres Marín en una zona de difícil acceso, al costado de una vía destapada que comunica Pueblo Viejo y El Guadual, a unos dos horas del casco urbano de Coromoro.
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La Policía acordonó el área y realizó las diligencias judiciales para confirmar la identidad y activar los protocolos de investigación.
Hipótesis sobre el ELN
El secretario del Interior de Santander señaló que la principal hipótesis apunta a la acción de un grupo armado, específicamente el ELN, que mantiene presencia en la región de Pienta.
“Entendemos que la principal hipótesis de este lamentable hecho es la actuación del Grupo Armado Organizado ELN, que está delinquiendo en ese territorio y frente al cual hemos venido haciendo articulación para contrarrestar su presencia en esa importante región del departamento”, declaró Hernández, en declaraciones a medios.
Fuentes cercanas a la familia indicaron que Cáceres Marín habría sido víctima de extorsiones por parte de grupos ilegales. Según versiones obtenidas por las autoridades, el ganadero había decidido no continuar con los pagos de dinero, pese a las amenazas recibidas en el último periodo.
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El caso se suma al incremento de extorsiones y amenazas que afecta a ganaderos y campesinos del sur de Santander.
Recompensa y canales de denuncia
La Gobernación de Santander mantiene una recompensa de $50 millones para quienes entreguen información que facilite la captura de los responsables. El secretario del Interior explicó que la medida busca incentivar la colaboración ciudadana y reforzar la estrategia de seguridad departamental frente a los grupos armados.
“Nosotros tenemos posicionada una recompensa a nivel departamento de Santander que se ha venido ofreciendo hasta $50 millones por el ciudadano que dé información y logre la captura de integrantes de grupos armados organizados en territorio santandereano. Esa recompensa se mantiene y se está evaluando su valor en reunión de seguridad con Fuerzas Militares, Policía y Fiscalía”, explicó Hernández.
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Por otro lado, la Alcaldía de Coromoro expresó solidaridad con la familia de Cáceres Marín y rechazó los actos de violencia que afectan a la comunidad rural. El alcalde pidió al Gobierno nacional, al Ministerio de Defensa y a la fuerza pública fortalecer la presencia de la autoridad en la zona y prevenir futuros episodios similares.
La ciudadanía puede suministrar datos de manera confidencial a través de la línea 123 de la Policía Nacional, la línea 147 del Gaula del Ejército y la línea 165 del Gaula policial.
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