Decreto firmado por el Gobierno Petro para salvar a Air-e sigue en pie pese a que se cayó la emergencia económica: esta es la razón

El decreto 044, expedido durante el estado de emergencia económica en Colombia, obliga a las empresas generadoras de energía a asumir un tributo parafiscal y realizar un aporte en especie destinado a apoyar financieramente a Air-e, compañía intervenida con fuerte presencia en la región Caribe.

Sin embargo, pese a que la Corte Constitucional suspendió el estado de emergencia, con lo que dejaría sin efecto las medidas tomadas por el Ejecutivo, lo cierto es que el decreto sigue vigente y sus efectos comenzarán el 2 de febrero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La razón principal radica en que el alto tribunal sigue estudiando el alcance de la medida y, mientras no se tome una decisión en firme, el decreto seguirá rigiendo en todo el territorio nacional.

El decreto 044 establece un tributo parafiscal del 2,5% sobre las utilidades netas de las empresas generadoras de energía, dividido en dos fracciones iguales. La primera, del 1,25%, se exigirá a partir del 2 de febrero; la segunda, desde el 15 de mayo.

Además, las empresas hidroeléctricas deberán entregar un aporte en especie equivalente al 12% de la energía que venden. El Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) certificará mensualmente la energía entregada, el precio aplicado y el valor total de la contribución, en caso de que la Corte Constitucional decida dejar en firme el decreto.

La Corte Constitucional suspendió la emergencia económica y otro decreto relacionado con nuevos impuestos, pero aún no se pronuncia sobre la vigencia del decreto 044. El 28 de enero, la Corte asumió oficialmente el estudio de la normativa, notificando a la Presidencia y los ministerios.

A partir de esa fecha, el Gobierno tiene un plazo de tres días para remitir justificaciones, estudios técnicos y documentos que expliquen la relación entre la medida y los subsidios impagos en el sector, así como la situación particular del servicio en la región Caribe, donde opera Air-e, la cual mantiene suna deuda cercana a 1,7 billones de pesos con los generadores.

Transcurrido ese plazo, la ciudadanía cuenta con cinco días para presentar sus observaciones. Luego, la Procuraduría General de la Nación tiene diez días para rendir su concepto. Durante este proceso, la Corte puede decidir en cualquier momento sobre la constitucionalidad de la medida, pero por ahora, el tributo parafiscal y el aporte en especie siguen vigentes.

Diversas voces en el sector eléctrico han manifestado inquietud por lo que consideran un cambio abrupto del marco jurídico y una amenaza para la seguridad en las inversiones en generación eléctrica.

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica advirtió que la decisión altera el entorno regulatorio y genera incertidumbre para futuras inversiones y proyectos. Desde la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, su presidente Alejandro Castañeda calificó la disposición como “un autopago” que “raya en lo expropiatorio”, al forzar a los generadores a asumir de manera directa el rescate financiero de una empresa deudora intervenida, según declaraciones obtenidas por la revista Cambio.

El Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua alertó que las medidas podrían cargar la responsabilidad financiera sobre los generadores, especialmente las pequeñas hidroeléctricas, sin abordar las causas de fondo de la crisis eléctrica.

La organización también advirtió el riesgo para la inversión, la confiabilidad y la seguridad energética en los próximos meses, sobre todo en la región Caribe, donde persisten los problemas en la prestación del servicio.

La Corte Constitucional solicitó información adicional sobre la necesidad jurídica de un decreto legislativo y pidió al Gobierno nacional establecer la relación directa entre las medidas adoptadas y los subsidios retrasados en el sistema eléctrico.

Asimismo, exigió mayor claridad sobre la situación puntual del suministro en el Caribe y la urgencia de la intervención estatal en Air-e, empresa bajo supervisión desde septiembre de 2024.

El futuro de este esquema excepcional permanece incierto. Si la Corte declara la inconstitucionalidad del decreto, se abren interrogantes sobre el destino de los tributos recaudados y aún más sobre la compensación de energía transferida a Air-e, en medio de una crisis financiera que sigue sin resolverse.