Por masacres de El Aro, La Granja y crimen de defensor de DD. HH., Álvaro Uribe afirmó: “Votaron para que lo acusen, después de elecciones”

La posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación decida llamar a indagatoria y vincular formalmente al exmandatario Álvaro Uribe Vélez por la masacre de El Aro, la masacre de La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo marca un nuevo episodio en la vida política y judicial colombiana, en vísperas de las elecciones legislativas y presidenciales.

Este debate judicial ha cobrado protagonismo de nuevo por los testimonios de exjefes paramilitares y sus controversias, en especial, luego del regreso de Salvatore Mancuso —actual gestor de paz— a Colombia, una vez cumplida su condena de 18 años en Estados Unidos.

El peso de las declaraciones tanto de Mancuso como del exparamilitar Francisco Villalba Hernández ha sido puesto en entredicho, al tiempo que persiste el debate sobre su veracidad y utilidad política, destacó la revista Semana.

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Por tal motivo, el expresidente Uribe se refirió a lo que se menciona en el artículo periodístico la mañana del sábado 31 de enero de 2026, y desde su cuenta de X dejó un testimonio que da cuenta de lo delicado de la situación.

“‘Uribe, en la fiscalía votaron 11 fiscales para que lo acusen a ud, otro dijo que después de elecciones’”, inicia el mensaje que dejó el dirigente antioqueño

Seguido a esto el expresidente recalcó: “Mis abogados preparan una solicitud a la fiscalía y espero enviar una carta a la señora Fiscal sobre los hechos”.

Sobre el proceso judicial que se avecinaría, según lo que el mismo Uribe explica en su publicación, después de los comicios a mitad de 2026, “con todo respeto recordaré que la acusación contra mi la adelantaron dos fiscales nombrados por Eduardo Montealegre, sin considerar las reglas del conflicto de interés”, explicó en su mensaje el exmandatario.

No obstante, el exsenador y líder del partido Centro Democrático dejó claro en su publicación: “Recordaré a la señora Fiscal mi respeto durante estos años no obstante que ella ha trabajado con el magistrado Iván Velásquez, cuya enemistad profunda conmigo ha sido notoria durante años”.

Sumado a todo lo anterior, el expresidente confirmó que repetirá todo lo que dijo “en versión libre y en declaración ante fiscales, tanto sobre el asesinato del Dr. Valle Jaramillo, ocurrido cuando yo estaba en la Universidad de Oxford, como sobre las masacres del Aro y la Granja, que hacen parte de más de 90 que ocurrieron en Antioquia, entre ellas el asesinato a 28 campesinos por parte de la FARC, a 15 minutos del sitio donde yo me encontraba en un evento como Gobernador (sic)”.

Cabe recordar que la masacre de El Aro se registró entre el 22 y 31 de octubre de 1997; en La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996; y el crimen del abogado y defensor de derechos humanos se presentó el 27 de febrero de 1998 en Medellín.

Por tal motivo, en su mensaje de su cuenta de X el exmandatario dijo que es “imposible aplicar la teoría de la omisión en Ituango, imposible desconocer todos los esfuerzos de la Gobernación, a pesar de la precaria capacidad de la Fuerza Público, en un municipio con tamaño de departamento y ubicado en el escarpado Nudo de Paramillo”.

Esto, expuso en sus palabras el expresidente Uribe, lo ha llevado a soportar desde 1997 “estas infamias sin que en esos extensos expedientes haya algo contra mí”.

“Me compulsaron por una reunión que la misma Fiscalía encontró inexistente. Y quieren sustituir la falta de pruebas por un contexto paramilitar que desconoce el contexto guerrillero”, finaliza el mensaje del dirigente político antioqueño.

“Pero seguiremos la lucha para que Colombia cambie”, concluyó Uribe Vélez.

La defensa de Uribe insiste que los testimonios carecen de fundamentos sólidos

De acuerdo con la información publicada por la misma revista, el examen judicial se dirige al papel de la Gobernación de Antioquia, liderada por Uribe en ese periodo (entre 1996 y 1998)

A lo largo de más de dos décadas, el expediente ha transitado por diferentes instancias: la Corte Suprema, la Comisión de Acusación de la Cámara y la propia Fiscalía.

El proceso ha acumulado un extenso historial jurídico y político, en el que autoridades han analizado pruebas y testimonios bajo la presión de los giros políticos nacionales.

La estrategia de defensa de Álvaro Uribe, encabezada por Jaime Granados, se basa en la ausencia de pruebas concretas que permitan una vinculación formal.

Granados le contó a la misma revista que “durante más de 20 años, sectores políticos adversos y ciertos operadores judiciales han tejido una red de acusaciones basada en rumores, testimonios de oídas y manipulaciones políticas”.

El abogado sostiene además que, acerca de la masacre de El Aro, existen datos técnicos que exoneran la intervención gubernamental en la zona.

“Las bitácoras de vuelo, los peritajes de la Aerocivil y testimonios de los pilotos de la Gobernación han demostrado técnicamente que ninguna aeronave oficial estuvo en la zona en las fechas y horas señaladas”, puntualizó Granados.

En relación con los señalamientos de Francisco Villalba Hernández, quien aseguró haber visto a Uribe en El Aro, la defensa recalca que el entonces gobernador se hallaba en Medellín y Bogotá participando en actividades oficiales, respaldadas por registros y testigos.

“Su relato es física y temporalmente imposible, un producto de la fábrica de testigos falsos”, expresó Granados de acuerdo con Semana.

Sobre la masacre de La Granja, Granados argumenta que constan actas de consejos de seguridad donde Uribe habría solicitado a las fuerzas del orden reforzar la zona, aunque —según el abogado— carecía de control operativo sobre el Ejército y la Policía.

Para el caso del asesinato de Jesús María Valle, el jurista reveló: “No existe ninguna prueba o vínculo directo del expresidente con este homicidio y los autores materiales fueron La Terraza y la casa de Carlos Castaño”.