El hermano del exciclista Lucho Herrera es investigado por presunto abuso sexual: lo que dice su expediente

Luego de más de 20 años después de la desaparición de cuatro campesinos en Fusagasuga, Cundinamarca, las autoridades entregaron información que marcó un giro inesperado en el caso que involucra al exciclista Lucho Herrera y su hermano Rafael Herrera.

La Fiscalía citó a indagatoria a los dos hermanos tras meses de averiguaciones, luego de descubrir que podrían haber contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare para desaparecer a cuatro personas el 23 de octubre de 2002 en zona rural de Fusagasugá.

Los nombres de las víctimas (Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez, José del Carmen Rodríguez y Diuviseldo Torres Vega) salieron a la luz en los testimonios de exparamilitares que vincularon a los hermanos Herrera con el caso.

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Una revelación paralela impactó el expediente: Rafael Herrera fue vinculado también por el delito de acceso carnal violento, después de que las investigaciones por la desaparición forzada destaparan nuevos relatos. Según la información entregada poruna fuente a Infobae Colombia, mientras los investigadores recolectaban evidencias, emergieron detalles sobre el presunto abuso sexual a una menor de edad, hermana de una de las víctimas de desaparición.

De acuerdo con la información suministrada por Cambio, las pesquisas apuntan a que estos abusos ocurrieron en el Motel Acuarios de Fusagasugá, propiedad de los hermanos Herrera, a comienzos de los años 2000. La víctima, quien empezó como empleada de limpieza siendo menor de edad, relató que después de tan solo un mes de labor, Rafael Herrera la habría encerrado y amenazado con un arma de fuego.

“Venga que le voy a decir algo”, recordó la joven en su testimonio, antes de que él asegurara la puerta y colocara el arma sobre la mesa de noche.

La declaración de la joven describe cómo fue intimidada y privada de libertad durante el ataque. Los investigadores consideran que los hechos se repitieron en varias ocasiones durante ese periodo. Cambio precisó que, aunque estos presuntos abusos surgieron en el contexto de la investigación por desaparición, habrían ocurrido de manera independiente.

La familia Herrera ha rechazado cualquier vínculo con la desaparición forzada de las cuatro personas. Mientras tanto, la indagatoria de los hermanos ante la autoridad judicial quedó fijada para el 6 de febrero.

Testimonio de paramilitares por el que la Fiscalía le abrió proceso a Lucho Herrera

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá declaró que la desaparición forzada de cuatro campesinos en octubre de 2002 es un crimen de lesa humanidad. Esta decisión, fechada el 7 de abril de 2025, llevó a la Fiscalía General de la Nación a abrir una investigación formal contra Luis Alberto “Lucho” Herrera, exciclista profesional, y su hermano Rafael Herrera Herrera.

La investigación tomó un nuevo impulso el 28 de enero de 2026, cuando la Fiscalía anunció la apertura de la indagatoria tras recopilar varios testimonios clave. Las declaraciones han sido consideradas determinantes para esclarecer la presunta responsabilidad de los hermanos Herrera en los hechos.

Entre los testimonios más contundentes, un exparamilitar conocido como Ojitos relató ante Noticias Uno: “El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había 40 millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él”.

Por su parte, otro integrante del grupo armado, alias Menudencias, describió ante el mismo medio el trágico destino de las víctimas: “Metimos dos en el platón y dos adelante, los inhumanos en la vía Novilleros al Aguadita en una finca sobre el borde de la carretera, los degollamos y luego los descuartizamos con machete”.

Los paramilitares coincidieron en que actuaron por encargo de Herrera, quien habría entregado $40 millones para la compra de armas y motocicletas, según sus testimonios. Las víctimas estaban señaladas como supuestos milicianos, sospechosos de planear el secuestro del exciclista, motivo que habría impulsado la desaparición.

El caso resalta la gravedad de los hechos y la complejidad de las investigaciones judiciales que ahora avanzan bajo la calificación de crimen de lesa humanidad.