La extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, máximo cabecilla de la estructura criminal la Inmaculada, está prácticamente definida, pero su defensa ha puesto en marcha una estrategia jurídica y política para retrasar su entrega a Estados Unidos.
Aunque la resolución que autoriza la extradición ya fue firmada, el proceso aún podría extenderse durante varios meses mientras se resuelven recursos legales y se exploran posibles canales de diálogo con el Gobierno.
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Según confirmó el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, el traslado de Pipe Tuluá a Estados Unidos es “un hecho” y se concretaría en las próximas semanas.
No obstante, la defensa del capo presentará una revocatoria directa del acto administrativo que habilitó la extradición y, de no prosperar, interpondrá una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Estos recursos podrían dilatar el proceso, especialmente si se invocan medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), según El Tiempo.
En paralelo a la ofensiva judicial, Marín Silva ha buscado abrir una puerta política. A través de cartas enviadas al presidente Gustavo Petro y a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), manifestó su interés en ser escuchado en una mesa de diálogo en el marco de la política de “paz total”.
En esos escritos, fechados el 15 y el 30 de diciembre, se presenta como jefe e interlocutor de la Inmaculada y expresa la voluntad de explorar una salida negociada que permita, según afirma, superar la violencia en el norte del Valle del Cauca.
En una de las misivas, Pipe Tuluá solicita de manera explícita la suspensión de la extradición, argumentando que su presencia en Colombia es necesaria para instalar la mesa de diálogo y cumplir los compromisos que asumiría la organización.
Fuentes citadas por el medio mencionado señalan que la estrategia jurídica no apunta a eludir los procesos en Estados Unidos, sino a dilatar la extradición para permitir que se instalen los diálogos y se defina un relevo en la cúpula de la organización antes de la salida del cabecilla del país.
Como parte de esta estrategia, también esperan que Estados Unidos envíe las garantías habituales en estos casos, como la prohibición de la pena de muerte, el respeto por su salud y el contacto con su familia, así como la limitación del juzgamiento a los delitos incluidos en la solicitud de extradición.
Actualmente, Marín Silva permanece bajo custodia en la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, pues el Inpec considera que no hay garantías suficientes de seguridad en una cárcel ordinaria.
A pesar de su reclusión, las autoridades sostienen que mantiene influencia directa sobre La Inmaculada, una estructura criminal cuya base de operaciones se sitúa en el norte del Valle del Cauca.
En el ámbito nacional, alias Pipe Tuluá cumple una condena de 30 años de prisión por 46 homicidios, junto con sentencias firmes por extorsión, secuestro y homicidio agravado. Además, enfrenta dos procesos en etapa de juzgamiento y al menos 11 investigaciones adicionales en Colombia.
No obstante, el Gobierno subrayó que ninguna de esas causas corresponde a los delitos de narcotráfico por los cuales lo requiere Estados Unidos, por lo que no se infringe el principio de non bis in ídem ni el debido proceso.
La defensa de Marín Silva argumentó que la extradición carecía de motivación suficiente y que el Ejecutivo no ponderó debidamente las condenas locales, además de alegar que la medida desconocía los principios de proporcionalidad, coordinación estatal y los objetivos de la política de “paz total”.
Sostuvo también que su permanencia en Colombia facilitaría aportes a la verdad y a la pacificación penitenciaria. Ante estos alegatos, el Gobierno sostuvo que todos los actos administrativos han estado debidamente motivados y que la Corte Suprema y la Corte Constitucional han avalado la legalidad del proceso.
Por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó que Marín Silva no ostenta ningún rol reconocido en espacios de diálogo ni en foros sociojurídicos, por lo que su eventual interés en participar no constituye impedimento legal alguno para proceder con la extradición.
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