Golpe a los drones en Colombia: Gobierno endurece la importación por razones de seguridad

El debate sobre el uso de drones en Colombia volvió al centro de la discusión pública tras la entrada en vigencia de nuevas restricciones a su importación, una decisión que el Gobierno sustenta en razones de seguridad, al tiempo que abre interrogantes sobre su impacto en actividades civiles, comerciales y tecnológicas.

Desde finales de 2025, el ingreso al país de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés), así como de sus partes y repuestos, quedó sujeto a controles más estrictos. La medida, formalizada a través de la resolución 000242 de 2025, limitó los puntos de entrada a solo dos, los puertos de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena y el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Además, prohíbe su importación mediante tráfico postal y envíos urgentes, una modalidad que hasta ahora era utilizada con frecuencia por pequeños importadores y usuarios particulares.

La decisión fue adoptada de manera conjunta por el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Aeronáutica Civil y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), luego de identificar lo que consideran vacíos en los mecanismos de control existentes. Según las autoridades, estos vacíos habrían facilitado el ingreso de drones sin suficiente trazabilidad, algunos de los cuales habrían terminado en manos de estructuras criminales.

En los últimos años, el uso de drones con fines ilícitos se convirtió en una preocupación creciente para las autoridades. Organismos de seguridad advirtieron sobre su empleo para labores de vigilancia ilegal, transporte de elementos prohibidos e incluso posibles acciones de carácter terrorista. En ese contexto, el Gobierno sostuvo que las nuevas restricciones buscan reducir riesgos tanto para la población civil como para la Fuerza Pública.

Entre los cambios más relevantes está la exigencia de presentar de manera anticipada la declaración de importación para las partidas arancelarias 88.06 y 88.07, que corresponden a aeronaves no tripuladas y a sus componentes. Con esta medida, se pretende reforzar la supervisión previa y evitar que los equipos ingresen al país sin una verificación adecuada de su origen, características técnicas y destino final.

No obstante, la decisión no pasó desapercibida para sectores distintos al de la seguridad. Empresas de tecnología, operadores audiovisuales, investigadores y aficionados al uso recreativo de drones comenzaron a expresar inquietudes sobre los efectos prácticos de estas limitaciones. La concentración de los puntos de ingreso en Cartagena y Bogotá podría implicar mayores costos logísticos y tiempos más largos de importación, especialmente para quienes operan desde regiones apartadas.

También generó dudas la restricción al tráfico postal y a los envíos urgentes, un canal que había permitido el acceso relativamente ágil a repuestos y equipos de menor tamaño. Para algunos actores del sector, esta decisión podría afectar la competitividad de emprendimientos locales y frenar proyectos que dependen del uso de drones para actividades como la agricultura de precisión, la cartografía, el monitoreo ambiental o la producción audiovisual.

Desde el Ejecutivo, sin embargo, se insiste en que la prioridad es cerrar espacios a la criminalidad y fortalecer la capacidad institucional de control. La narrativa oficial plantea que garantizar estándares estrictos de supervisión es una condición necesaria para evitar que estas tecnologías sean utilizadas en contra de la población civil o de las autoridades.

Las medidas hacen parte de una estrategia más amplia orientada a mitigar los riesgos asociados al uso indebido de drones, en un momento en el que este tipo de tecnologías se volvieron cada vez más accesible y sofisticado. A diferencia de otros equipos, los UAS pueden ser modificados con relativa facilidad y operados a distancia, lo que incrementa su atractivo para organizaciones ilegales.

Aun así, el reto para el Estado será encontrar un equilibrio entre seguridad y desarrollo. Mientras se refuerzan los controles, queda pendiente la discusión sobre cómo garantizar que las restricciones no terminen afectando de manera desproporcionada a usuarios legales ni frenen la innovación en sectores que han encontrado en los drones una herramienta clave.