Las autoridades judiciales han determinado que la desaparición forzada de cuatro campesinos en Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca, ocurrida en octubre de 2002, constituye un crimen de lesa humanidad.
Esta calificación, establecida en una providencia del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá fechada el 7 de abril de 2025, impulsó a la Fiscalía General de la Nación a abrir una investigación penal contra Luis Alberto “Lucho” Herrera, excilista profesional, y su hermano Rafael Herrera Herrera, ambos señalados de participación directa en estos hechos.
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El proceso adquirió notoriedad después de que, el 28 de enero de 2026, la Fiscalía anunciara la apertura formal de la indagatoria tras reunir varios testimonios, elementos considerados clave para esclarecer la presunta responsabilidad de los hermanos Herrera.
De acuerdo con Noticias Uno, una de las declaraciones más incisivas provino de un exparamilitar conocido bajo el alias de Ojitos.
Este individuo narró: “El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar, y en el otro sobre había 40 millones y nos dice que si queremos para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él”.
Otro de los implicados en el grupo armado, identificado como ‘Menudencias’, aportó detalles sobre el destino de las víctimas, que habrían sido asesinadas y sepultadas en predios vinculados a la finca de Herrera.
En su declaración, reproducida por el medio de comunicación ya mencionado, precisó: “Metimos dos en el platón y dos adelante, los inhumanos en la vía Novilleros al Aguadita en una finca sobre el borde de la carretera, los degollamos y luego los descuartizamos con machete”.
Las afirmaciones de los dos paramilitares, que aseguraron haber actuado por encargo de Herrera, también señalaron la supuesta entrega de $40 millones, destinados a la compra de armas y motocicletas para el grupo armado involucrado. Según los testimonios, la motivación habría sido la sospecha de que las víctimas planeaban secuestrar al exciclista, lo que las señalaba como milicianos de la guerrilla.
Las investigaciones judiciales permitieron que, en 2008, los cuerpos de dos de las víctimas fuesen hallados en Silvania (Cundinamarca) y, tras el trabajo del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube), entregados a sus familiares en diciembre de 2025. La Fiscalía indicó que la identificación se logró mediante el análisis de muestras biológicas, mientras persiste la búsqueda de los dos campesinos restantes.
Paralelamente, durante la instrucción penal por desaparición forzada, se sumó un nuevo cargo contra Rafael Herrera Herrera: el delito de “acceso carnal violento” contra una menor de edad. La Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, informó el 28 de enero que la posible agresión sexual habría quedado al descubierto como parte de las pesquisas relacionadas con la actividad de los hermanos Herrera Herrera en la región del Sumapaz, en el periodo investigado.
Los dos acusados serán vinculados formalmente mediante diligencia de indagatoria programada para el 6 de febrero por el delito de desaparición forzada, mientras avanzan las investigaciones sobre los demás cargos señalados por la Fiscalía General de la Nación.
Defensa de Herrera
Las recientes acciones judiciales que involucran al exciclista Luis Alberto “Lucho” Herrera han generado reacciones en su entorno más cercano, donde insisten en que el proceso legal parte de información equivocada.
El abogado Hernando Benavides, apoderado de Herrera, fue claro al señalar ante El Tiempo que, por tratarse de un caso cubierto por la ley 600, no tiene permitido dar declaraciones públicas sobre el fondo del proceso.
No obstante, Benavides sí confirmó que fue la propia defensa del campeón de la Vuelta España en 1987, que solicitó la indagatoria ante la Fiscalía. Según sus palabras, buscan exponer con claridad la conducta del exciclista y, además, desmontar las “falsas versiones” que, a su juicio, motivaron una “sentencia anticipada” contra la persona que impulsó la investigación a los hermanos Herrera.
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