La reciente deportación desde Chile a Colombia de José Ángelo Valencia Guzmán, conocido como alias Checho, marca un nuevo capítulo en la ofensiva contra el crimen organizado transnacional.
Las autoridades ejecutaron su captura en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá, concretando una operación coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
La trayectoria de alias Checho dentro del grupo delincuencial organizado Spartanos supera los cinco años, según explicó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol. Durante ese periodo, su papel fue clave en la articulación de actividades ilícitas tanto en territorio colombiano como en el extranjero.
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El historial judicial del detenido incluye una condena en Chile por porte ilegal de armas, tras ser sorprendido en flagrancia con un arma de fuego. La deportación se produjo después de que cumpliera la sentencia impuesta por la justicia chilena.
Las investigaciones apuntan a que su llegada a Chile en 2024 respondió a órdenes directas de alias Mapaya, principal cabecilla de Spartanos. El objetivo era ampliar la red criminal y consolidar economías ilícitas en ese país, reforzando la presencia de la organización más allá de las fronteras colombianas.
Entre las funciones atribuidas a alias Checho figura la coordinación de homicidios selectivos, hurtos, tráfico de estupefacientes y extorsiones a comerciantes. Además, lideraba el cobro del denominado “impuesto al gramaje”, un sistema de extorsión que exige pagos por cada cantidad de droga producida, transportada o comercializada bajo el dominio del grupo.
El proceso judicial que enfrentará en Colombia incluye acusaciones por concierto para delinquir agravado con fines de hurto agravado. Esta acción forma parte de la estrategia estatal para desarticular estructuras criminales que han mostrado capacidad de expansión internacional.
Mujer que ingresaba a Colombia para captar víctimas de trata de blancas fue identificada y se le negó su entrada
La prohibición de ingreso a una ciudadana costarricense en el Aeropuerto Internacional El Dorado evidencia la respuesta inmediata de las autoridades colombianas ante alertas internacionales sobre delitos de explotación sexual. La decisión, ejecutada por Migración Colombia, se fundamentó en información suministrada por una agencia extranjera, que notificó investigaciones penales en Costa Rica por enriquecimiento ilícito y agresión con armas contra la pasajera.
Especialistas de Migración Colombia detectaron patrones de viaje que sugerían la captación de víctimas, incluidas menores de edad, para su explotación sexual fuera del país. El análisis de estos movimientos internacionales permitió establecer el nivel de riesgo y justificar la medida orientada a proteger la seguridad nacional y, de manera prioritaria, a la infancia y adolescencia.
La funcionaria Gloria Esperanza Arriero López, directora de Migración Colombia, reafirmó: “El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha asumido una posición firme e inequívoca frente a la trata de personas. No permitiremos que el país sea plataforma, refugio ni tránsito de criminales que mercantilizan el cuerpo de mujeres y vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde Migración Colombia ejercemos controles migratorios rigurosos, con enfoque de derechos humanos y protección de la niñez, para enfrentar estructuras delictivas”.
El operativo en El Dorado incluyó el acompañamiento de dos oficiales de Migración Colombia, quienes escoltaron a la mujer por los pasillos del aeropuerto tras la notificación de su vinculación con delitos de explotación sexual. Las autoridades recalcaron que la defensa de la niñez y la adolescencia constituye el eje de las políticas migratorias actuales.
Según la dirección de Migración Colombia, los controles se aplican bajo un enfoque de derechos humanos que no admite tolerancia alguna frente al uso de la migración como mecanismo para delinquir. El bloqueo migratorio de la costarricense forma parte de una estrategia nacional orientada a cerrar el paso a redes internacionales de explotación y fortalecer la protección de la dignidad humana.
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