Gustavo Petro declaró el principio del fin de la Ley 100: este es debate sobre la norma que aprobó Álvaro Uribe en 1993

La reapertura del Hospital San Juan de Dios no solo fue presentada por el Gobierno como un acto de reparación histórica, sino también como un escenario político.

Desde allí, el presidente Gustavo Petro afirmó que la recuperación del emblemático complejo hospitalario supuestamente significa “acabar” con la Ley 100 de 1993, una de las normas más estructurales del sistema de salud colombiano.

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“Apenas se entra al Hospital San Juan de Dios, no rige la Ley 100. Lo que estamos haciendo aquí es destruir la Ley 100 para construir una salud mejor”, dijo el mandatario durante el acto oficial.

Petro exaltó el papel de la justicia en el proceso que permitió la reapertura del hospital, cerrado durante más de dos décadas. Destacó el fallo definitivo emitido en 2025 por la juez 12 Administrativa de Bogotá, Yolanda Velasco Gutiérrez, al considerar que protegió “el derecho de la gente y no del negocio”.

En su discurso, el presidente también subrayó el rol de los trabajadores del hospital, a quienes calificó como los verdaderos salvadores del San Juan de Dios, y recordó el valor histórico del centro asistencial como cuna de la medicina en Colombia.

Un símbolo contra el modelo de salud vigente

Las palabras del presidente no pasaron desapercibidas porque conectan con una crítica que ha sostenido desde antes de llegar a la Casa de Nariño.

Para Petro, el modelo de salud basado en la Ley 100 convirtió la atención médica en un negocio, debilitó la red pública hospitalaria y precarizó las condiciones laborales del personal sanitario. En distintos escenarios, ha señalado que el sistema priorizó la intermediación financiera sobre el derecho fundamental a la salud.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció una inversión de 1,6 billones de pesos en los próximos diez años para la recuperación total del complejo San Juan de Dios–Materno Infantil.

El Gobierno proyecta que el hospital vuelva a atender pacientes desde mayo de 2026, como parte de una alianza entre la Nación, el Distrito y la Gobernación de Cundinamarca. Para el Ejecutivo, el hospital se convertiría en un modelo de atención pública por fuera de la lógica de la Ley 100.

Críticas reiteradas desde el Congreso y la pandemia

Las declaraciones de Petro como presidente retoman argumentos que ya había expuesto cuando era senador y precandidato presidencial. En plena pandemia, cuestionó la falta de voluntad política para reformar la Ley 100 por la vía de un decreto de emergencia, advirtiendo que esa inacción se traduciría en miles de muertes.

En ese momento, sostuvo que para garantizar el pago y la estabilidad laboral del personal médico era necesario eliminar el mecanismo de la Unidad de Pago por Capitación, lo que, en su criterio, implicaba desmontar las EPS y la Ley 100.

A juicio de Petro, el diseño del sistema ha generado deudas estructurales en los hospitales y retrasos crónicos en los pagos a médicos y enfermeras. Esa visión ha sido compartida por su Gobierno, que insiste en la necesidad de una reforma estructural para recuperar el control público de los recursos de la salud y priorizar la atención sobre la rentabilidad financiera.

Qué es la Ley 100 y por qué sigue en el centro del debate

La Ley 100 de 1993 creó el Sistema de Seguridad Social Integral en Colombia y transformó de manera profunda la prestación de servicios de salud, pensiones y riesgos laborales. Aunque suele asociarse con Álvaro Uribe Vélez, quien fue su principal ponente en el Congreso, la norma fue aprobada durante el gobierno de César Gaviria, en el marco de las reformas económicas de los años noventa.

En salud, la ley introdujo el modelo de aseguramiento con EPS e IPS, así como los regímenes contributivo y subsidiado, ampliando de forma significativa la cobertura.

Sus defensores destacan que el acceso pasó de menos del 20% a cerca del 95% de la población. Sin embargo, sus críticos advierten que la intermediación privada mercantilizó el servicio, deterioró la calidad de la atención y multiplicó las tutelas por negación de tratamientos.

Más de tres décadas después, la Ley 100 sigue siendo el esqueleto del sistema de salud colombiano. Las afirmaciones de Petro desde el San Juan de Dios no implican su derogatoria inmediata, pero sí reafirman que el debate sobre su futuro continúa abierto y profundamente polarizado.