La incautación de más de 25 toneladas de precursores químicos en una bodega ubicada en Soacha (Cundinamarca) destapó una conexión directa entre una estructura mafiosa que operó años atrás en una hacienda vinculada a la familia del exembajador de Colombia en Uruguay Fernando Sanclemente, y una red logística que abastecía laboratorios de cocaína en el suroccidente del país.
El operativo, liderado por la Fiscalía General de la Nación con apoyo de la Policía Nacional, permitió la captura de un actor clave que ya había sido condenado por hechos similares y se encontraba en libertad condicional.
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Según el ente acusador, el inmueble allanado funcionaba como centro de acopio de insumos químicos controlados utilizados para el procesamiento a gran escala de cocaína.
En el lugar fueron halladas 213 canecas plásticas y metálicas con sustancias líquidas, así como 42 sacos con un polvo negro, cuyo peso total superaba las 25 toneladas.
Además, los investigadores encontraron cinco hornos microondas, un teléfono celular, un tractocamión, un furgón y otros elementos empleados para el almacenamiento y transporte de los químicos.
El valor estimado de los elementos decomisados supera los 2.600 millones de pesos, de acuerdo con información oficial de la Fiscalía.
Las autoridades señalaron que esta incautación representa uno de los decomisos más grandes de precursores químicos en la región, y evidencia la persistencia de redes criminales dedicadas al abastecimiento de laboratorios clandestinos.
Durante el operativo fue capturado en flagrancia César Augusto Cuaspud Castaño, señalado como el responsable del embalaje y empaque de los insumos para su posterior traslado. Las pesquisas revelaron que Cuaspud no era un actor marginal dentro de la operación, sino un eslabón reincidente dentro de una red criminal previamente desmantelada.
Cuaspud ya había sido capturado en 2021 durante un operativo en la finca Haras de San Fernando, ubicada en Guasca (Cundinamarca), propiedad de la familia del entonces embajador Fernando Sanclemente.
En ese lugar, las autoridades descubrieron un laboratorio para el procesamiento de cocaína, caso que tuvo amplia repercusión nacional por la cercanía del inmueble con el alto funcionario del Gobierno.
Por esos hechos, Cuaspud fue condenado el 2 de mayo de 2022 a cinco años y medio de prisión por el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.
Sin embargo, registros judiciales revisados indican que desde el 17 de octubre de 2024 se encontraba en libertad condicional, tras beneficiarse de un preacuerdo con la Fiscalía. El período de prueba fijado era de dos años y 29 días, con vencimiento el 15 de noviembre de 2026.
La nueva captura, menos de un año después de haber recuperado la libertad, volvió a poner en entredicho los mecanismos de control y seguimiento a condenados por delitos relacionados con el narcotráfico, especialmente aquellos que hacen parte de eslabones técnicos y logísticos de alto valor para las organizaciones criminales.
De acuerdo con la investigación, la bodega de Soacha era utilizada como punto estratégico desde el cual se coordinaban envíos terrestres de precursores hacia el municipio de El Tambo (Cauca) y otros enclaves de producción de estupefacientes en el suroccidente colombiano.
Esta modalidad permitía abastecer laboratorios capaces de producir cocaína de alta pureza, al tiempo que se fragmentaba la cadena logística para dificultar su rastreo.
En audiencia preliminar, un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a Cuaspud el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, cargo que no fue aceptado por el procesado. Un juez penal con función de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El juez también legalizó el decomiso de los insumos y ordenó su destrucción. Entre las sustancias incautadas figuran ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, acetato de etilo, hidrocarburos, permanganato y manganato de potasio, cloruro de calcio, carbono activado, hidróxido de sodio y cloruro de acetilo, todos catalogados como químicos controlados por el Consejo Nacional de Estupefacientes.
La Fiscalía señaló que esta operación se articula con investigaciones adelantadas junto a la Policía Nacional y agencias internacionales como la DEA, orientadas a desmantelar redes dedicadas tanto al desvío de precursores como a la producción de cocaína.
Estas estructuras, según el ente investigador, suelen operar a través de empresas legalmente constituidas que funcionan como fachada y movilizan los insumos desde centros urbanos hacia zonas rurales donde se concentran los laboratorios.
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