
La senadora Paola Holguín, perteneciente al Centro Democrático, expresó su respaldo al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en su solicitud al Gobierno nacional para implementar la erradicación de cultivos ilícitos en el departamento.
La propuesta, que involucra el uso de drones para la fumigación terrestre, fue presentada ante el Consejo Nacional de Estupefacientes debido al alarmante aumento de hectáreas sembradas con coca en la región.
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“El narcotráfico es el combustible de la violencia”, afirmó Holguín a través de sus redes sociales, al resaltar el impacto que tienen las economías ilegales en la seguridad de Antioquia. Según la senadora, estas actividades generan recursos para los grupos armados ilegales, lo que se traduce en más violencia y control territorial.

La solicitud del gobernador se enfoca en los municipios más afectados por el narcotráfico, como Valdivia, Tarazá y Cáceres. Según la Gobernación de Antioquia, el aumento de los cultivos de coca en el departamento ha sido exponencial, pasando de 911 hectáreas en 2013 a más de 20.000 hectáreas en 2023.
Rendón pidió al Ministerio de Justicia y al Consejo Nacional de Estupefacientes que autoricen la erradicación con drones en las subregiones de Bajo Cauca, Norte y Nordeste. Estas áreas concentran la mayor parte de la producción de coca y, a su vez, son controladas por grupos armados ilegales; la intervención busca frenar el crecimiento de los cultivos ilícitos y reducir la violencia que afecta a las comunidades rurales.
Este fue el respaldo de Paola Holguín a la propuesta del gobernador de Antioquia
Frente a esta solicitud, la legisladora Paola Holguín se mostró optimista ante la solicitud del gobernador y aprovechó para hacer un llamado a otros mandatarios locales.
“Ojalá más mandatarios se unan a este llamado”, escribió en su post, al destacar que el narcotráfico es un problema que afecta no solo a Antioquia, sino a todo el país. La senadora también hizo énfasis en la presencia de 51 estructuras criminales en el departamento, incluyendo el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se benefician directamente del narcotráfico.

Según Holguín, la erradicación de los cultivos ilícitos es vital para romper el círculo de violencia y control territorial que estos grupos ejercen sobre las zonas más vulnerables.
“Muy importante la solicitud del Gobernador de Antioquia para iniciar fumigación con glifosato a través de drones. El crecimiento exponencial de los cultivos de coca son una fuente de recursos para las estructuras criminales que se traduce en más hombres, armas y control del territorio”, escribió la senadora en su cuenta de X.
De igual manera, escribió: “A noviembre de 2025 se contaban en Antioquia 51 estructuras criminales: 10 del Clan del Golfo, 8 frentes del ELN, 4 bloques de las disidencias de las Farc, 7 bandas del Valle de Aburrá y 22 grupos locales. Algunos alianzas con organizaciones transnacionales (Tren de Aragua, carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, N’drangheta, Hezbolá, Clan Kinahan, Los Choneros, etc)”.

La erradicación de cultivos ilícitos es la apuesta del gobernador de Antioquia
La solicitud de Rendón fue enviada al Consejo Nacional de Estupefacientes, que ahora deberá definir el alcance y la logística de la erradicación con drones. Este paso es clave para determinar si la propuesta se llevará a cabo de manera efectiva; mientras tanto, la Gobernación de Antioquia se compromete a colaborar estrechamente con las autoridades nacionales para garantizar el éxito de la operación.
El gobernador también señaló que la intervención será prioritaria en los municipios más críticos, donde la violencia y la presencia de grupos armados ilegales son más intensas. Además, destacó que esta estrategia de erradicación es una respuesta directa a la expansión de los cultivos de coca, que representan una grave amenaza para la seguridad y estabilidad de la región.
Cabe destacar que una de las maneras de erradicación de cultivos ilícitos es con glifosato, un herbicida ampliamente utilizado para eliminar plantas no deseadas; sin embargo, su uso provoca controversia debido a los posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

Diversos estudios sugieren que el glifosato puede ser cancerígeno y dañar la biodiversidad, lo que provocó oposición por parte de grupos ambientalistas y comunidades afectadas por su aplicación, por lo que el debate sobre su uso se centra en equilibrar la lucha contra el narcotráfico con la protección de la salud pública y el ecosistema.
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